La Xunta descarta la disolución del Ayuntamiento de Santiago, así como las de Lugo y Ourense

El director general de administración local, Norberto Uzal, ha descartado la posibilidad de que el Ayuntamiento de Santiago sea disuelto a causa de las imputaciones de concejales, así como excluyó también la posibilidad en los casos de Lugo y Ourense, donde igualmente hay asuntos judiciales pendientes.

El director general compareció hoy en comisión parlamentaria para responder a la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien citó el caso del exalcalde Gerardo Conde Roa, "poliimputado" por un delito fiscal, por el que presentó la dimisión, también en un caso de supuesto acoso a un funcionario y luego en la llamada operación Manga.

La parlamentaria socialista argumentó que su sucesor, Ángel Currás, está imputado en el mismo caso de supuesto acoso y en la operación Pokemon, al igual que otra concejal, mientras el que fue número cuatro en las listas del PP, Ángel Espadas, estuvo en prisión preventiva por su imputación en la operación Manga.

Sestayo se interesó por conocer si la Xunta descarta la posibilidad de solicitar la disolución de la corporación municipal compostelana. A este respecto, el director general le dijo que, efectivamente, descarta tanto la disolución de la corporación compostelana como la de Lugo u Ourense, ya que la administración actúa con el "mismo rasero", apuntó.

Norberto Uzal, insistió en que la Xunta respeta el principio de presunción de inocencia y la autonomía municipal y negó tener nada que comentar sobre la situación judicial de Santiago, tan solo se limitó mencionar su deseo de que "estas circunstancias no incidan en la gobernabilidad y en la gestión adecuada de los asuntos públicos".

Tras esta explicación, Beatriz Sestayo se preguntó en qué consiste el compromiso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el modelo ético del PP, que llevó en campaña electoral, dijo.

"No se da el caso aislado de una persona: existe un alcalde 'poliimputado' y luego viene otro y se da la misma circunstancia" en la que, "prácticamente toda la lista del PP está imputada en diferentes procesos".

Por ello, Sestayo señaló que si el código ético del presidente de la Xunta no se aplica ahora "dígame entonces, director general, en qué casos" se debe usar, al tiempo que destacó que la ley de enjuiciamiento criminal establece que cuando hay imputados en numerosas causas se habla de indicio racionalidad de criminalidad.

Uzal le replicó que la Xunta ha dado suficientes muestras de su compromiso con la ética de la vida pública, pero insistió en que una imputación no es una condena y el Gobierno gallego "utiliza el mismo rasero" para todas las situaciones que se producen en distintos ayuntamientos, y llegó a citar la reciente inspección de Aduanas en el Ayuntamiento de Lugo, incluido el ordenador del alcalde, José López Orozco, también imputado.