La reforma de pensiones que quiere aprobar el PP para introducir el factor de sostenibilidad (adecuarlas a la esperanza de vida) y desligar su revalorización del IPC ha llegado hoy al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley, texto que se ha empezado a negociar con los agentes sociales.
La propuesta del Ejecutivo ahora se enviará al Consejo Económico y Social (CES), que deberá dictaminar sobre la futura normativa.
El Gobierno, según la reseña del Consejo de Ministros, solicita al CES que se pronuncie sobre la reforma en un plazo de "diez días".
Los planteamientos fundamentales son que la cuantía de la pensión deberá adecuarse a la esperanza de vida de los perceptores y que su revalorización anual se "blinda".
Así las pensiones no se podrán congelar -como hizo el Gobierno socialista en 2011- y subirán "siempre" y "como mínimo" un 0,25 % en épocas de dificultad económica para las cuentas de la Seguridad Social.
Cuando la situación sea favorable se revalorizarán el 0,25 % más el IPC.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado hoy que está abierta al diálogo y a las aportaciones que puedan hacer los agentes sociales y políticos, y ha apelado de manera especial a la participación de los jóvenes.
Ha explicado que la revalorización de las pensiones conforme al IPC "no es algo que se haya hecho siempre", sino que fue a partir de una ley de 1997, y ha asegurado que durante este tiempo "se han visto distorsiones" en su aplicación en los diferentes momentos económicos que ha atravesado el país.
En su opinión, "es importante que los pensionistas de hoy cobren una pensión justa y ganen, pero también que los de mañana tengan la misma pensión que tuvieron sus abuelos".
En paralelo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha convocado a los sindicatos CC OO y UGT y a la patronal CEOE para iniciar la negociación del anteproyecto de ley.
Los representantes sindicales han criticado que Burgos no les haya dado ningún documento y que se hayan iniciado los contactos una vez que se ha convertido la propuesta en anteproyecto de ley.
Además, le han presentado un conjunto de alternativas con los que el sistema de la Seguridad Social podría mejorar sus ingresos en 69.237 millones.
Como medidas inmediatas proponen una subida de dos puntos de las cotizaciones por contingencias comunes (se recaudarían 7.000 millones, el 0,67 % del PIB).
De aplicación progresiva serían un incremento del 15 % de las bases máximas de cotización (se ingresarían 1.900 millones, el 0,18 % del PIB) y una equiparación de las bases medias del régimen de autónomos y del General (7.000 millones, el 0,67 % del PIB).
También, de forma paulatina, el Estado debería asumir los gastos de administración de la Seguridad Social (2.640 millones) y convertir la reducción de cuotas en bonificaciones (600 millones).
De forma estructural habría que aplicar políticas de empleo que recuperen los tres millones de trabajos perdidos por la crisis y una lucha más intensa contra la economía sumergida (21.297 millones, el 2,03 % del PIB) y que el Estado financiase las prestaciones por muerte y supervivencia (21.800 millones, el 2,08 %).
CC OO también ha calculado que la nueva fórmula de revalorización supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de entre un 14,8 % y un 28,3 % durante los próximos quince años.
El portavoz en pensiones del grupo parlamentario vasco, Emilio Olabarría, ha pedido fórmulas alternativas a la pérdida de poder adquisitivo y ha instado al Gobierno a que estudie otras soluciones vinculadas a la productividad, a la creación de empleo o a la lucha contra la economía sumergida.
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17/abr./24
