Interior dispone de un registro de infractores

La Policía retiró en Lugo varias armas a 50 personas y drogas a más de 180

Los agentes requisaron navajas en zonas de ocio nocturno y pequeñas cantidades de hachís y marihuana en parques y en el centro ► En ocho meses tramitaron más de 230 propuestas de sanción por vulnerar la ley de seguridad ciudadana
Un vehículo de la Policía Nacional, en una patrulla por la ciudad
photo_camera Un vehículo de la Policía Nacional, en una patrulla por la ciudad

Caminar por la vía pública con armas de fuego o drogas duras constituye por lo general un delito, pero acciones a priori menos trascendentes, como consumir hachís en la calle o llevar en el bolsillo una navaja de pequeñas dimensiones tampoco están permitidas, ya que vulneran la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

La Policía Nacional controla este tipo de conductas –que pueden desencadenar incidentes más graves– y en lo que va de año tramitó algo más de 230 propuestas de sanción por este tipo de infracciones. En concreto, entre enero y agosto, los agentes requisaron en las calles de Lugo armas blancas a 51 ciudadanos y drogas blandas a un total de 188 personas.

Según explica el portavoz policial, una vez detectada la infracción, los agentes del Grupo Operativo de Respuesta elaboran un acta y la remiten a la Subdelegación del Gobierno, que es el organismo encargado de sancionar el incumplimiento de la ley de seguridad ciudadana.

Esta ley contempla como infracción grave "el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas –aunque no estuvieran destinadas al tráfico– en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos". Y también considera grave "portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso".

Igualmente, considera infracción leve "la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave".

Desde la comisaría lucense comentan que, dentro de los parámetros que marca la ley, son los agentes los que tienen que valorar el alcance de este tipo de conductas. "Si un cocinero lleva encima un cuchillo que usa para su trabajo, la Policía no se lo va a requisar, pero si un chico que está en un pub lleva una navaja en el bolsillo o simplemente exhibe un cúter, se propone una sanción, ya que no está justificada su posesión y puede entrañar un riesgo".

Fumar hachís en la vía pública o llevar un cuchillo en el bolsillo es una infracción grave y la multa va de 601 a 30.000 euros

ACTUACIONES. La mayor parte de las armas blancas requisadas por la Policía Nacional de Lugo fueron localizadas en zonas de ocio y en horario nocturno. "Los agentes", comenta su portavoz, "realizan a veces cacheos preventivos en las inmediaciones o en el interior de los establecimientos y suelen encontrar navajas o cuchillos".

En ocasiones, esos cacheos también destapan la posesión de drogas para consumo propio, aunque este tipo de infracciones se detectan fundamentalmente en los parques, así como en el casco histórico, y no necesariamente de noche.

"Suelen ser jóvenes que se reúnen en el Parque de Rosalía de Castro, en el de Frigsa, en las zonas verdes próximas a la muralla, o en la zona centro. Por lo general", explica, "se colocan en zonas apartadas y consumen pequeñas cantidades de hachís y marihuana. A veces, cuando actúa la Policía insisten en que no se dedican a trapichear y alegan que consumir no es delito, pero tienen que saber que no es lo mismo consumir droga en el interior de un domicilio particular que hacerlo en la vía pública".

Y es que fumar hachís en la calle es considerada una infracción grave y tiene un coste económico importante, ya que acarrea multas de entre 601 y 30.000 euros, la misma cuantía que conlleva portar armas de modo negligente o temerario. Por su parte, exhibir objetos peligrosos de modo intimidatorio está tipificado como infracción leve y la multa se reduce de forma considerable, oscilando entre los 100 y los 600 euros.

Las infracciones administrativas recogidas en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana prescriben a los seis meses de haberse cometido, en el caso de las leves, o al año, si están tipificadas como graves.

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