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La Policía no da con los okupas de Camiño Real

Agentes de la Policía Local y personal de la Protectora recuperaron el perro de la casa okupada
Agentes de la Policía Local y personal de la Protectora recuperaron el perro de la casa okupada
El juzgado archiva el caso por la ocupación de una casa porque los agentes no localizaron a los invasores

El número 126 de Camiño Real está ocupado. Para los vecinos no hay duda y las quejas de los residentes en la zona por los problemas de convivencia son continuas. Pero la Policía no ha dado con los ocupantes y el juzgado ha decidido cerrar el caso.

La decisión del archivo del caso, adoptada por el juzgado de instrucción número 2 de Lugo, ha despertado la inquietud de los vecinos, que temen que se va a eternizar el proceso para desalojar a los okupas, ya que el propietario puede verse obligado a empezar de nuevo con todos los trámites.

La denuncia se había abierto tras la denuncia formulada por el propietario y el proceso en el juzgado se cierra porque los policías que realizaron la inspección del edificio no encontraron a nadie en el interior.

Los agentes de la Policía Judicial emitieron un informe en el que indican que la casa se encuentra en un estado aparente de semiabandono y que la puerta presenta todos los cristales rotos, al igual que los pisos que dan a la vía pública.

En el informe se indica que los agentes no pudieron acceder al interior del edificio y los agentes manifiestan que se personaron en diferentes días y horas, pero que no vieron «a persona alguna que estuviese habitando el lugar».

Tras el informe policial, el juzgado que dirige Sandra Piñeiro decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias practicadas.

La resolución judicial ha causado inquietud en el barrio, primero porque la presencia de los okupas crea sensación de inseguridad y ha sido foco de conflictos. La ocupación de esa y de otras casas ha forzado incluso al traslado de negocios, dado que los clientes empezaron a evitar pasar por ese tramo de Camiño Real por miedo.

En algunos casos, las consecuencias para los vecinos han sido más serias. Una vecina, por ejemplo, denunció que el Concello llegó a facturarle 300 euros por un entronque en la red de aguas que hicieron los okupas.

La expectativa de los vecinos de la zona era que se desalojara la casa, para que pudiese ser tapiada y vendida para su posterior restauración.

La Policía no da con los okupas de Camiño Real