Los trabajadores de Ingemarga ratificaron ayer en asamblea, y por unanimidad, su rechazo a aportar dinero a través de los créditos participativos que propone el consejo de administración para garantizar la viabilidad de la empresa, que acaba de entrar en preconcurso de acreedores.
La plantilla, conformada por unos 150 empleados, considera que «no hay garantías» de que con el tiempo vayan a recuperar ese dinero, que incluiría dos pagas atrasadas y la extra de diciembre, tal y como explicaron ayer tras la asamblea Carlos García (UGT), Alfonso Losada (CIG) y José Antonio Ferreiro y Carlos Antonio Mazorra, ambos del comité de empresa.
«Los trabajadores están en una situación complicada y lo que nos tememos es que nos pasen a nosotros la patata caliente, de que si los trabajadores no aportan los créditos participativos, la empresa se va al tacho», explican los sindicalistas, que aseguran que por el momento no descartan «movilizaciones ni no movilizaciones».
Para ellos, el preconcurso de acreedores «es un globo de oxígeno» para la empresa «para conseguir llegar a acuerdos» y tratar de evitar el concurso de acreedores real, que ya conllevaría la participación de un administrador concursal externo para estudiar la viabilidad de la empresa. «Podría suponer la extinción de contratos y la liquidación. Ahora mismo barajamos todas las situaciones», apuntan.
Pero, por el momento, fijan sus miradas en mañana, cuando se celebrará en el País Vasco una junta de accionistas extraordinaria de Ingemarga, donde se analizarán dos ofertas para buscarle una salida a la granitera. Por un lado, está la propuesta del consejo de administración, que incluye los créditos participativos «pese al rechazo que los trabajadores ya mostraron en la asamblea celebrada en el mes de septiembre», se quejan. Y, por el otro, hay una oferta de una empresa inversora de Valencia, que «no conocemos de nada», con un plan de viabilidad que contempla la deuda atrasada con los trabajadores y no los créditos participativos que ellos rechazan.
«A los trabajadores les vale cualquier propuesta que garantice la viabilidad manteniendo sus condiciones y sin que ellos tengan que pagar nada a mayores», dicen los sindicalistas.
