El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao vive con incertidumbre la subasta de interrumpibilidad eléctrica en la que, aunque no tienen confirmación oficial, la multinacional habría conseguido tres bloques de 90 megavatios por adjudicación directa. «Non sabemos se os tres van vir para San Cibrao ou se os hai que repartir entre as fábricas de Avilés e A Coruña», dicen, una situación, esta última, en la que «San Cibrao quedaría morta».
Argumentan que la planta sancibrense necesita esos tres paquetes, los mismos que tiene este año, «para o consumo dos fornos de fundición e da serie de electrolisis», y que además necesitaría al menos un paquete de 5MW para otros consumos como el de alumbrado. «É todo unha especulación», dicen, pues según transmitió el director de Alcoa España, Rubén Bartolomé, al presidente del comité, «ata que acabe a puxa non desvelarán nada».
Desde Alcoa, una jornada más, no confirman las adjudicaciones de bloques pero sí indican que siguen en la subasta de los de 5MW. Un buen resultado en la puja para la multinacional sería conseguir 54 de estos bloques.
Algunas fuentes apuntaban ayer a que el Gobierno podría estar preparando una subasta eléctrica adicional en el caso de que no se cubra el presupuesto de 540 millones de euros a repartir en la que se celebra esta semana. No podría adjudicar más bloques de 90 MW, pero sí de 5, para que todas las empresas puedan obtener unos ingresos por el servicio de interrumpibilidad.
En la planta de Alcoa en A Coruña también esperan con «intranquilidade» el resultado de la puja eléctrica, dijo el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, quien confirmó que mantendrán las movilizaciones para exigir «un marco eléctrico estable».
Por otro lado, la diputada del PSOE en el Congreso Margarita Pérez Herráiz apuntó que su grupo presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2016 con el objetivo de que el Gobierno «implemente fórmulas que hagan posible mantener la actividad de empresas grandes consumidoras de energía -como Alcoa- a corto y largo plazo, con costes energéticos asumibles».
Pérez Herráiz recuerda que durante esta legislatura presentaron otras iniciativas en este sentido, como proposiciones no de ley para que la subasta de interrumpibilidad tenga una periodicidad de tres años o que se amplíe la oferta de paquetes de 90MW. «La fórmula de la subasta ideada por el Gobierno no cubre las necesidades de las empresas y les genera incertidumbre y la imposibilidad de planificar su actividad e inversión a medio plazo», dijo.
