La más polémica de las piscifactorías proyectadas en toda Galicia junto a la de cabo Touriñán, la de la empresa Acuinor en la zona de Ollo Longo, en la parroquia ribadense de Rinlo, está a un paso de quedarse definitivamente en la cuneta. Por el momento, su principal promotor, Ramón Álvarez Cascos, reconoce que ahora mismo el proyecto, que echó a andar en el 2005, está «aparcado», aunque no por falta de ganas, pues dice que siempre quiso «sacarlo adelante», sino porque les están «empujando» a abandonar.
Esta situación se produce por diversos motivos. En menos de un mes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió dos resoluciones que anularon la declaración de impacto ambiental que permitió dar licencia a la piscifactoría y, posteriormente, el proyecto completo de la planta. Por otra parte, Álvarez Cascos recuerda que en la actualidad está vigente el plan acuícola del 2008, lo que les obliga a retranquear las instalaciones a 400 metros del mar, una exigencia, dice, «inviable» para su firma y para «cualquiera».
El promotor explica que si se coge el mapa de todas las piscifactorías de España se puede apreciar que «la que está a más distancia de la costa se encontará a unos 130 o 140 metros, no más». Por eso dice que obligarles a situarse a 400 metros es como decirles que no pueden hacer el proyecto porque el coste del bombeo del agua, el proyecto técnico y el hecho de que sea algo que nunca se hizo convierten la planta «en totalmente imposible» de construir.
En cuanto a las resoluciones judiciales en su contra, comenta que el TSXG las emitió «sin que los jueces tuviesen en su poder un informe de la Unión Europea que cifra la incidencia en la zona protegida en un 0,07%». Por eso cree que de haberlo tenido cuando abordaron este asunto «las resoluciones tal vez hubiesen sido diferentes».
Recurso
El empresario recuerda que por otro lado en el Tribunal Supremo hay un recurso de casación presentado por Pescanova que pone en cuestión el plan acuícola al completo que aprobó el gobierno bipartito. Álvarez Cascos asegura que al margen de la resolución, que aún puede tardar años, «el plan acuícola vigente es el del 2008 y con ese plan los inversores no quieren saber nada», a lo que añade que «la inseguridad jurídica es tremenda».
El empresario asevera asimismo que «en Adega se dedican a mentir» al decir que el proyecto fue anulado porque no se puede construir en espacios de la Rede Natura. Cascos mantiene que en estos entornos «se puede hacer cualquier cosa con un informe ambiental positivo». «Nosotros tenemos uno de la UE que dice que la incidencia de la piscifactoría es del 0,07%, algo que dos directores xerais del PSOE aseguraron que era insignificante», explica.
