La petición para hacer un muro acaba con dos procesos en los tribunales

Un mismo caso con el alcalde de Ribadeo en el centro se cruzará en los tribunales en dos juicios distintos. Por un lado Ignacio Samper presentó una querella criminal contra el alcalde, Fernando Suárez, y el arquitecto municipal, Francisco Moreda, a los que acusa de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio del poder. A dicha querella contestó el regidor denunciándolo por calumniarle y atentar contra su honor.

Este caso se remonta a la adquisición de una casa con un pequeño jardín por parte de Samper, comprada al que fuera miembro del dúo musical Cómplices y, anteriormente, del grupo Golpes Bajos, Teo Cardalda. Pero Samper planteó una reforma en su casa que se aprobó y ejecutó. Posteriormente, presentó un estudio de detalle para modificar un muro en el jardín que implicaba ocupar un tramo de la calle Ibáñez, a lo que el Concello se negó pese a que Patrimonio lo autorizó. Pero la corporación de entonces apoyó masivamente la postura del gobierno local y se redactó un duro escrito por parte de BNG, PP, PSOE y Upri enviado a Patrimonio en el que el concejal socialista, Eduardo Gutiérrez, hizo las aportaciones más duras advirtiendo de que el Concello de Ribadeo "non se plegará a presións onomásticas".

El Concello no dio licencia para ese estudio de detalle y Samper recurrió. Entonces el Concello decidió utilizar la figura del silencio administrativo y con ello se produjo el gran choque que ahora se arrastra. El problema con el muro del jardín no quedó ahí, porque su impulsor presentó otro proyecto para construirlo pero sin ocupar la calle, dentro de los límites en que se encuentra su finca ahora, a lo que Patrimonio también contestó afirmativamente y es algo que ahora se encuentra pendiente.

Paralelamente, hace más de dos años, el dueño de la vivienda solicitó una licencia de primera ocupación en la casa que no llegó a concedérsele. En este punto hay una divergencia de opiniones fundamental, porque mientras que el querellante asegura que no se trata esta licencia para perjudicarle, el arquitecto municipal sostiene que en realidad se enviaron técnicos municipales varias veces a inspeccionar la vivienda sin que nunca encontrasen allí a nadie.

El propietario, en lugar de continuar apelando en un contencioso-administrativo llevó el asunto a vía penal presentando la querella criminal contra el alcalde y el arquitecto municipal interpretando que este caso refleja una supuesta trama corrupta en la concesión de licencias. El arquitecto del Ari asume ahora estos procesos.