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La pérdida de unos ordenadores pone en riesgo el caso por las estafas de Autocentrum

Autocentrum, precintado
Autocentrum, precintado
Los dos discos duros que se incautaron en el registro del negocio de automoción de Eloy Castro no aparecen, por lo que ha recurrido. La jueza ve pruebas de que vendía coches manipulados y de que falsificó documentos para quedarse con créditos de sus clientes

El instrucción sobre las denuncias por estafa en el caso Autocentrum, que suma una treintena de víctimas y más de diez años de tramitación, corre el riesgo de ser anulada, en todo o en parte, a causa de la pérdida de los ordenadores que se incautaron cuando fue precintado este concesionario. De hecho, esta pérdida es el principal motivo que alega el dueño de Autocentrum y único investigado, Eloy Castro, para solicitar la nulidad del auto que ponía fin a la instrucción y abría la vía al juicio oral.

Este asunto saltó tras la denuncia en 2007 de un particular, cliente del concesionario multimarca Autocentrum, que Eloy Castro dirigía en Augas Férreas. Esta denuncia dio pie a una investigación policial en la que se identificaron más de treinta posibles víctimas de estafa en la compraventa de vehículos, la mayor parte de ellos de alto valor.

Tras siete años de procedimiento en el juzgado de instrucción 2, el 15 de octubre de 2014 la jueza Sandra Piñeiro dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado, dando por finalizada la investigación. En este auto, la magistrada consideraba que se habían reunido pruebas más que suficientes como para procesar a Eloy Castro -entonces ya condenado en firme por estafa y falsedad en otros casos- por un presunto delito continuado de estafa en todos los supuestos, en concurso ideal con otro delito de falsedad en documento mercantil.

El escrito recogía las actuaciones del imputado en una treintena de ventas, en las que habría utilizado todo tipo de artimañas: modificar los cuentakilómetros de los vehículos; vender coches con mucha más antigüedad de la ofertada; vender coches sin los extras ni el equipamiento que habían pagado los compradores; venta de vehículos con averías; cobrar cantidades por adelantado y luego no entregar los coches acordados; falsificar firmas de los clientes en los contratos y hasta solicitar a su nombre créditos a una financiera por más cantidad de la autorizada y luego quedarse con el dinero. De este modo manejó cientos de miles de euros, y eso solo en los casos denunciados e investigados.

Todo esto lo hizo Eloy Castro, según el auto judicial, "desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio bilateral". Es decir, que estas estafas no derivan de circunstancias particulares o momentáneas de cada caso, sino que ya desde que empezó el negocio "la intención inicial" era "no hacer efectiva la contraprestación... El engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, aprovechándose de la buena fe del perjudicado" y convirtiendo "el contrato aparente" en un "instrumento de fraude".

Sin embargo, el abogado de la defensa presentó un recurso contra este auto judicial, con la clara intención de que pese al tiempo transcurrido no se cerrara la instrucción y se prolongara con la realización de nuevas pruebas.

Y como primer y principal argumento para que no se diera por cerrado el caso -lo que supondría que la Fiscalía y las acusaciones podrían presentar sus peticiones de pena y se podría señalar el juicio oral-, el abogado presentaba el hecho de que estaban en paradero desconocidos dos ordenadores que habían sido incautados durante el registro de Autocentrum. Dichas CPUs, especula el letrado, podrían contener pruebas definitivas en favor del acusado, y su ausencia violaría el derecho constitucional a la defensa.

El asunto no pasaría de ser un mero argumento jurídico, más o menos acertado, de la defensa si no fuera porque no es la primera vez que durante la instrucción se llama la atención sobre la pérdida de los ordenadores. La propia Audiencia Provincial, de hecho, emitió una resolución al respecto en mayo de 2014, en la que considera que "ha de esclarecerse el destino de los ordenadores respecto de los cuales el propio auto interesa que se practiquen gestiones, pues esta materia ha de quedar cerrada antes de que se proceda a la transformación del procedimiento".

Tras este aviso de la Audiencia, el juzgado reclamó una explicación al respecto sobre los dos ordenadores extraviados a la Policía Nacional, que le respondió: "En anteriores oficios se demostró documentalmente que las CPUs fueron entregadas a ese juzgado en fecha 8/5/2008, precisamente por haberse acordado así por el órgano judicial, ante las presiones del propio imputado".

Pese a todo, ninguna de las partes ha recibido hasta el momento comunicación alguna sobre lo que ha pasado con esos ordenadores ni dónde pueden estar, o si el juzgado los da definitivamente por perdidos.

Esta extraña circunstancia se une además a otra no menos sorprendente: los casi dos años que se ha tardado en dar traslado del recurso de Castro contra el auto de transformación a la Audiencia Provincial, que lo recibió hace apenas tres meses. Ninguna de las partes tiene explicación para este bloqueo, que de entrada abre el camino a la defensa para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, lo que rebajaría de manera sustancial una posible condena.

La pérdida de unos ordenadores pone en riesgo el caso por las...
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