La citación judicial de la concejala sarriana Patricia Castro como imputada por un presunto delito de desobediencia de autoridades o funcionarios no ha cogido por sorpresa a los partidos políticos de la oposición, según los cuales el supuesto incumplimiento de la orden de paralización de las obras de su chalé de Cimo da Agra «era público e moi evidente».
Así lo aseguran los portavoces del PSOE, BNG e IG en un escrito registrado en el Concello hace ya dos meses, en el cual sostienen que la edila del PP y su esposo «seguían traballando diariamente» en la vivienda, «sen ningún tipo de reparo ou restrición e con impunidade administrativa».
Patricia Castro —con quien ayer no fue posible contactar— deberá declarar en el juzgado de Sarria el próximo 10 de mayo. Tendrá que aclarar si hizo caso omiso o no a una orden de la junta de gobierno de agosto de 2011, en la que se acordaba la paralización de las obras de su chalé al detectarse trabajos que no se ajustaban a la licencia concedida en su día.
García respalda a la edila y ve un trasfondo político
El alcalde de Sarria, José Antonio García, respaldó ayer a la concejala de su gobierno, al igual que hizo 15 días atrás, cuando salió a la luz un informe de la Policía Judicial, en el que imputa a Patricia Castro y a su esposo por supuesta estafa. García opinó que ambos casos parten de denuncias similares con un trasfondo «político» y dijo que en el caso de estafa «segue sen estar imputada» por un juzgado.
