La nueva ley de tasas judiciales permite recaudar al Gobierno 316 millones más

El Gobierno ha recaudado 316 millones como consecuencia de la nueva ley de tasas judiciales que se destinarán a financiar el coste de la administración de justicia y "muy especialmente" al sobrecoste que ha supuesto la aprobación de la ley de justicia gratuita.

Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al responder en el pleno del Congreso al diputado del PNV Emilio Olabarría, que le ha preguntado por el destino de "los más de 300 millones" recaudados de esa forma.

El ministro ha matizado que el dinero recaudado con la nueva ley de tasas judiciales asciende a 316 millones y ha recordado que el coste total de la Justicia en España -sumando las comunidades autónomas y la Administración General del Estado- ha sido de 3.800 millones, de manera que se ha recaudado el 8,3 % de esa cifra total, mientras en Europa la media es del 27%.

Sobre el destino de ese dinero, Gallardón ha explicado que será para sufragar los costes de la Administración de Justicia y, "de forma muy especial", los incrementos que ha supuesto la aprobación de la ley de justicia gratuita, al elevarse los umbrales de renta y ampliarse el número de personas que se pueden beneficiar de la misma.

Todo ello, teniendo en cuenta el tope para financiar el sobrecoste de la justicia gratuita con dinero procedente de las tasas que se estipuló en la conferencia sectorial del pasado diciembre con las once autonomías que tienen transferidas las competencias de administración de justicia.

El diputado del PNV ha insistido durante su intervención en que de esos 316 millones no ha llegado "ni un solo euro" a los encargados de prestar este servicio de justicia gratuita, y ha incidido en la vinculación que hay, según la ley, entre lo recaudado con las tasas judiciales y la financiación de la justicia gratuita.

Ruiz-Galladón le ha contestado que "confunde vinculación con afectación", y ha incidido en que "lo que se ha hecho, con un límite razonable", es "que lo que vaya a costar de más a las comunidades autónomas lo vamos a cubrir, y lo vamos a cubrir con la tasas", de manera que "ninguna comunidad autónoma, hasta ese límite, tendrá cargo por ampliar los beneficios de la justicia gratuita".