La AN mantiene en la cárcel a los 'Jordis' al apreciar riesgo de fuga

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos de los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y ha confirmado que ambos líderes deben continuar en prisión para evitar que se fuguen y busquen refugio con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, huidos en Bruselas (Bélgica).

En sendos autos, los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego -ponentes de las resoluciones sobre los recursos de Cuixart y Sànchez, respectivamente-- aseguran que sigue habiendo riesgo de fuga y posibilidad de reiteración delictiva por la gravedad del delito de sedición, por el que están siendo investigados en relación a los hechos acontecidos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, uno de los cinco miembros del tribunal que ha confirmado el auto de prisión incondicional para los Jordis, ha emitido un voto particular en el que considera "innecesaria y desproporcionada" esta medida. 

"En mi opinión, ni por la gravedad en sí de los hechos, ni por las circunstancias personales, comportamiento procesal, ni por la ausencia de pronósticos negativos consistentes y verdaderamente razonados relativos a los riesgos procesales debería haberse mantenido la medida cautelar de manera incondicional", explica De Prada en su escrito. 

Para el magistrado, la jueza instructora de la causa por sedición en la que están investigados los conocidos como los Jordis, Carmen Lamela, podía haber establecido "medidas cautelares alternativas a la prisión con suficiente previsible eficacia para conjurar los posibles riesgos existentes". Por ello, opina que la medida de enviarles a la cárcel es "innecesaria, inidónea y desproporcionada". 

De Prada –uno de los tres miembros del tribunal que está juzgando las actividades de la primera época de la trama Gürtel– es el mismo magistrado que el martes cuestionó que la jueza de la Audiencia Nacional se atribuyera la competencia para investigar el delito de sedición, ya que la ve "sumamente forzada y extensiva de la norma jurídica".