La Ley de Montes permitirá construir en las zonas incendiadas y las ONG lo rechazan

La reforma de la Ley de Montes aprobada hoy por el Gobierno introduce la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos forestales incendiados si existen "razones imperiosas de interés público", una excepcionalidad a la que se han opuesto los grupos ecologistas. Una de las razones de incluir el nuevo supuesto es "disuadir" de los incendios, ha indicado la titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aunque los ecologistas interpretan que aumentará el riesgo para poder edificar.

La vigente ley de 2006 de la ministra socialista Cristina Narbona impide construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al siniestro, salvo que hubiera ya trámites aprobados. Según ha explicado Tejerina se establece la excepción de cambios de usos para evitar que incendios provocados puedan "impedir actuaciones de interés general".

Podría darse el caso -ha dicho- que un propietario prendiera fuego a sus terrenos para evitar el trazado de una autovía en los mismos. Las comunidades autónomas serán las responsables de autorizar dichos cambios de usos forestales.

La iniciativa ha sido aplaudida por la Red Española de Municipios Forestales, la Red Estatal de Desarrollo Rural y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Según la ministra, la reforma persigue tres objetivos: mayor protección de la biodiversidad, prevención de los incendios y lucha contra el cambio climático, y facilitar el aprovechamiento económico de los recursos de los montes (toda la superficie, salvo la urbana y la agrícola).

El proyecto clasifica los montes en cuatro categorías (en función de si son públicos o privados, y según su interés público), simplifica los procedimientos de gestión, regula los montes de socios y crea la Sociedad Forestal.

Algunos de los montes de socios -que ocupan millón y medio de hectáreas- no se podían aprovechar por desconocerse el nombre de alguno de sus dueños, algo que la nueva reforma remedia ya que no será necesario el acuerdo de todos para adoptar decisiones.

Establece la figura de las Sociedades Forestales, cuyo objeto será el aprovechamiento de los terrenos, permitiendo agrupar los montes para su gestión -el pequeño tamaño de muchos de ellos hacían inviable su aprovechamiento-.

Otra novedad son las medidas contra la tala ilegal de la madera y la mejora de la tipificación de las infracciones.

Para Ecologistas en Acción, la ley no introduce mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invade competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas y supone un retroceso.

Con el nuevo texto, añaden, se lamina la medida de precaución recogida en la ley de 2006, y crece el riesgo de que "se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas".

A Ecologistas, SEO/Birdlife y WWF les preocupa además los cambios relacionados con la actividad cinegética, algo que poco tiene que ver con la gestión de los montes, aseguran.

WWF rechaza la iniciativa porque no soluciona las dos asignaturas pendientes: su gestión y el desarrollo rural de las regiones forestales, y critica la opción de recalificar los terrenos quemados.

SEO/Birdlife cree positivo que se incluya un mejor marco para la gestión de los montes comunales y se avance en la persecución del tráfico de madera ilegal, fruto de las reuniones que se han mantenido durante el último año con el Ministerio.

Pero estos puntos "no bastan para enjugar el resto de retrocesos que esta ley supone".

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, ha confiado en que la ley sirva para potenciar la actividad económica de los montes y se incentive a sus dueños -70 % privados- a mejorar su rendimiento y crear empleo.

"Lo importante es que los montes dejen de estar abandonados", ha indicado a Efe Del Álamo, en cuya opinión la prohibición de uso de los montes afectados por un incendio "es más demagógico y de cara a la galería". Según el decano los cambios de uso no llegan al 1 %.

La Red Española de Municipios Forestales (Remufor) ha aplaudido el proyecto por simplificar la burocracia en la gestión de los bosques e incluir las sociedades forestales mixtas.

Su presidente, Santiago Arévalo, ha considerado esta norma como una "versión mejorada" de la anterior, si bien hay aspectos importantes que a su juicio se han quedado fuera.

Por último, el secretario general de la Red Estatal de Desarrollo Rural, Felipe González de Canales, ha considerado positiva la nueva regulación para ayudar a revertir los "problemas de rentabilidad de los bosques" y fomentar su diversificación económica.