La Justicia sale a la calle contra las tasas y la falta de medios

Profesionales de la Justicia, jueces, magistrados, fiscales, secretarios, abogados y procuradores, apoyados por los sindicatos de los funcionarios, se han concentrado esta mañana ante los principales edificios judiciales de Galicia.

La convocatoria fue realizada por la plataforma Justicia para Todos, "contra la privatización del servicio público de la Justicia, la profunda devaluación que viene sufriendo con la Ley de tasas, la no cobertura de vacantes, la falta de medios materiales y los demás proyectos privatizadores del ministro Gallardón", señalan los convocantes en un comunicado, con el apoyo de CCOO, UGT, USO, CIG, CSIF y STAJ.

En las concentraciones se leyó un manifiesto en el que los profesionales resaltan que "no se trata de ningún tipo de reivindicación adscrita a ningún tipo de ideología", sino "simplemente" una demanda de que se mejore la calidad de la Justicia.

Por ello, solicitan la paralización "inmediata" del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, "un órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasa a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia".

También exigen la "derogación" de la ley de tasas, "a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos hasta que se incremente la planta judicial y fiscal".

En opinión de los convocantes, el fin último de las reformas es "dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial e imponer a jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad".

Agregan que de esa impunidad, "por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción, extravagantemente graves, que estamos conociendo".

Los profesionales de la Justicia demandan, entre otros aspectos, la derogación de la ley de indulto, que ha dado lugar a "supuestos gravísimos" por la "concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del juez y el tribunal sentenciador y fiscalía".

También expresan su preocupación por "el drama social de las ejecuciones hipotecarias" y piden "soluciones efectivas para la protección de los afectados".

Finalmente, se oponen "a las privatizaciones de los registros civiles" y lamentan "que el sistema preferido para arreglar los problemas de la Justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados".

En la concentración en Santiago, el juez decano de los de Compostela, Jorge Cid, recordó en declaraciones a los informadores que llevan "años" denunciando que España "está a la cola de Europa en número de jueces por habitante, que tenemos unos juzgados sobrecargados y -agregó-, la solución que nos da el Ministerio es no solo llevar nuestros juzgados, sino llevar dos juzgados o hasta tres juzgados a la vez".

El juez resaltó que la mayoría de los profesionales están en contra de estas movilizaciones, pero añadió que "lo que pasa es que hay una cerrazón absoluta por parte del Ministerio para dialogar y acoger mínimamente alguna de nuestras reivindicaciones, que no son reivindicaciones nuestras como colectivo, sino de cara a prestar un mejor servicio a los ciudadanos".

La fiscal Pilar Fernández, también en Santiago, informó de que se trata de una "queja" para que los ciudadanos sepan que "la Justicia no se ha mejorado en absoluto en los últimos años, no se ha racionalizado y, pese a ello, le quieren cobrar al ciudadano, eso no tiene sentido", exclamó.

Insistió en que se trata de una acción ajena a cualquier connotación política, partidista o corporativa, en que los profesionales están "indignados" y en que, con la situación de la Justicia, que se le quiera cobrar a los ciudadanos "es el colmo", concluyó.

Concentraciones similares, con participación de los diversos estamentos profesionales, se han registrado en las principales plazas judiciales de Galicia, dentro de una convocatoria de ámbito estatal.