La jueza divide en nueve piezas el caso Pokemon e imputa a Liñares en tres y a Orozco en dos

Un funcionario de Hacienda, con documentos del caso Pokemon. (Foto. AEP)
photo_camera Un funcionario de Hacienda, con documentos del caso Pokemon. (Foto. AEP)

La jueza Pilar de Lara, encargada de la operación Pokemon, ha decidido dar un giro en la instrucción para simplificar y agilizar la misma. Para ello, ha dictado un auto en el que divide este asunto en nueve piezas separadas, en base a los imputados principales, los tipos de delito y el ámbito territorial de actuación. Varias, no obstante, siguen estrechamente relacionadas con Lugo, entre ellas la principal.

En esta y otra ha incluido como imputado al alcalde de Lugo, José López Orozco, así como al que fuera su mano derecha, Francisco Fernández Liñares. Este tiene, además, otra en la que es la estrella absoluta, la relacionada con la Confederación Hidrográfica del Miño. Ambos unen sus imputaciones en estas piezas a la que tiene relación con el empresario Miguel García Gesto, separada antes del sumario principal a causa del incidente de recusación.

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Sospecha que las empresas adjudicatarias daban dinero y otras hacían facturas falsas

El auto de división de la operación Pokemon sirve a la jueza Pilar de Lara para dejar negro sobre blanco algo que ya había asomado durante la instrucción, pero que faltaba por concretar con contundencia: parte de la investigación se centra en la posible financiación ilegal del PPdeG y el PSdeG, en ambos casos de Santiago, a través de las empresas que obtenían contratos públicos.

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  • Las cosas tampoco parecen pintar muy bien para Robert Fauria, alcalde de Sant Hilarí y presidente del Consell Comarcal de La Selva, hasta donde llegaron los tentáculos de Pilar de Lara investigando las actividades de la empresa GRS Arc Local. Hasta seis atestados diferentes nombra la jueza en relación a esta caso, en el que tiene a nueve imputados, pero a Fauria lo acusa además de enriquecimiento propio. 

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