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La jueza Alaya quiere ''apurar y depurar'' la causa antes de remitirla al Supremo

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, no remitirá de momento la causa al Tribunal Supremo pese a haber imputado hoy a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sino que antes "apurará y depurará" la causa, tal como le ordenó la Audiencia de Sevilla.

Abogados personados en la causa han dicho a Efe que, al notificar hoy "la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados" a Chaves, Griñán y cinco exconsejeros de la Junta, la juez cumple "estrictamente" lo que le ordenó la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto, cuando dijo que antes de elevar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debía "apurar y depurar" la investigación.

La Audiencia le dijo entonces que también debía notificar la existencia del proceso a los aforados para que puedan "salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar".

Según los citados abogados, el auto dictado hoy "permite a la juez retrasar durante un tiempo prudencial la elevación al Tribunal Supremo del informe razonado, que tendría como consecuencia la inculpación formal de los aforados, previa petición de suplicatorio a las cámaras legislativas correspondientes". De esta manera, según las fuentes, los imputados pueden personarse en la causa, participar en la instrucción y ejercer su derecho de defensa, "excluyendo de este modo cualquier atisbo de nulidad de la causa por indefensión". Al haber cumplido con lo ordenado por la Audiencia, Alaya se garantiza además que cualquier recurso contra su auto será desestimado.

Los letrados creen que Alaya no va a convocar de momento a los aforados imputados sino que dejará a su voluntad personarse en una causa que ya acumula 123 acusados, de los que 72 no han prestado aún declaración judicial.

De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo, como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, puesto que son diputados en el Congreso, mientras que el expresidente andaluz José Antonio Griñán y los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.

No obstante, fuentes jurídicas han señalado a Efe que el Tribunal Supremo "absorbería" la competencia del TSJA y se encargarían de instruir la causa contra todos ellos desde el momento en que la juez Alaya se la remitiera. Existe también la posibilidad de que el Supremo no vea base para una imputación y acuerde devolver el caso a la juez de instrucción 6 de Sevilla para que continúe la investigación sin aforados.

Una situación peculiar es la de José Antonio Griñán, que dimitió como presidente de la Junta el pasado 27 de agosto para evitar la "erosión" del caso de los ERE y que el jueves va a ser propuesto por el Parlamento andaluz como senador por esta comunidad, en cuyo caso estaría aforado ante el Supremo.

Con la imputación de la cúpula de la Junta durante una década, Alaya ha llegado a los "últimos peldaños de la pirámide" de los que venía hablando en sus autos desde hace años y cuya imputación preveía cuando terminase de "encajar las piezas del puzzle".

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