La investigación judicial contra la empresa de seguridad privada Alcor, con sede en Monforte, incluye meses de escuchas telefónicas a numeroso personal de la compañía, incluidos los miembros de la dirección. También recoge las declaraciones de varios trabajadores sobre las prácticas irregulares en las que supuestamente incurría Alcor con las horas, contratos y pagos a los empleados que la firma tenía repartidos por todo el territorio nacional en obras públicas, como la red del Ave o la Y vasca, y en numerosos edificios de ocio, judiciales o educativos dependientes directamente de la Administración. Además, ya se aportaron varios informes a la investigación desde la Agencia Tributaria y hay otros en procesos de elaboración.
Tras levantarse el secreto de actuaciones y con la instrucción en marcha, se acusa al monfortino Carlos Somoza, propietario de Alcor, y a varios de sus colaboradores directos de delitos contra los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y otros más que la jueza que instruye la causa metió en una pieza separada.
Uno de los últimos pasos dados en todo el proceso contra Carlos Somoza fue la apertura este jueves de la caja fuerte que estaba en el domicilio particular del propietario de Alcor cuando el pasado mes de octubre se produjeron los registros en la sede monfortina de la compañía y en las viviendas, así como casas pertenecientes al acusado.
Se acusa a Somoza de delitos contra los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública, blanqueo y otros
Esos registros derivaron en la detención del propio Carlos Somoza y de los responsables de su empresa en Asturias y Canarias. La caja, sobre la que se había generado mucha expectación, estaba vacía, sin documentos relevantes, ni joyas, ni dinero por lo que, según las fuentes consultadas, no se descarta que pudiera ser vaciada poco antes de que los agentes de la Policía la interviniesen.
La apertura de la caja se llevó a cabo en las instalaciones del juzgado de Primera Instancia número 2 de Monforte. Pasadas las diez de la mañana, llegaba a ese punto el propio Carlos Somoza para estar presente en el procedimiento. A la entrada le esperaban medio centenar de afiliados al sindicato FTSP-Uso, en su mayoría extrabajadores de Alcor, que le increparon y pitaron.
Dentro le esperaba la responsable de la empresa en Asturias, detenida y puesta en libertad en pasado mes de octubre al igual de Somoza, y la abogada de la primera, la monfortina María José González, que fue la que asistió también a Somoza durante la mañana de este jueves. El abogado del acusado es el exmiembro de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, pero no acudió a Monforte.
El propietario de Alcor complicó la apertura de la caja fuerte al afirmar que no recordaba la clave
La maniobra de apertura de la caja fuerte podría haber sido sencilla si Carlos Somoza colaborase en el procedimiento. Sin embargo, desde el primer momento manifestó que no recordaba cuál era la clave. Ello obligó al juzgado a contactar con un cerrajero de la capital lucense para que asumiera el trabajo y, a las doce de la mañana, entró en las dependencias el operario.
Fue necesario emplear un taladro y otro tipo de herramientas para abrir poco antes de las dos de la tarde la caja que no contenía nada en su interior. Salvado el trámite, todos abandonaban las dependencias judiciales.
LA ACUSACIÓN. Por parte de la acusación siguió el procedimiento Ismael Franco, de ADR abogados, que representa al sindicato FTSP-Uso. Esta formación, cuyo secretario es Antonio Duarte, fue la que presentó la denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía, un cuerpo que se encarga de los fraudes en la seguridad privada.
Esa primera denuncia se amparaba en la declaración de un trabajador que alertaba de prácticas supuestamente irregulares en Alcor. Fue admitida a trámite y se inició la investigación en octubre de 2014.
El sindicato ya denunció numerosos casos anteriores en el sector contra los derechos de los trabajadores como el de Seguridad Integral Canaria (SIC).
