El juez del caso Nóos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo, y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción. Respecto a su esposo, el duque de Palma, considera que deberá ser juzgado como presunto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió entre 2003 y 2006.
Esta decisión figura en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro, de 167 páginas, con el que pone fin a la instrucción del caso Nóos y donde dispone que el Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La infanta sigue imputada, junto a su marido Iñaki Urdangarin, por dos delitos de fraude fiscal del artículo 305 del Código Penal. Hacienda atribuye presuntamente a Urdangarin fraude en el IRPF de 2007 y 2008.
El juez también mantiene la imputación de la hermana del Rey por presunto blanqueo de capitales, previsto y penado en el artículo 301 del Código Penal.
UNA ALARGADA LISTA DE DELITOS 'RENTABILIZADOS'
El juez Castro tampoco ha tenido reparo en afirmar que Urdangarin creó un entramado empresarial para "rentabilizar económicamente" en negocios con entidades públicas y privadas su vinculación con la Casa Real gracias a su matrimonio con la infanta Cristina, un "área de influencia" del que tanto él como su socio Diego Torres se lucraron.
El instructor del caso Nóos estima que el duque de Palma cometió 25 delitos: cinco de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias, uno de falsedad de documento oficial, uno de falsificación de documentación mercantil, uno de estafa y dos delitos de fraude a Hacienda. Son ocho tipos de delito diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada.
Torres está acusado de los mismos delitos a excepción del de fraude fiscal, ya que solo se le atribuye uno.
"Desde su origen se ha venido adornando allá donde se presentaba con el escaparate de entidad sin ánimo de lucro, gracias a cuyo tan aireado como falso altruismo, al parentesco de dos de sus miembros con el Rey y a la vinculación profesional de un tercero con la Casa Real, obtenía de las contrapartes importantes disposiciones de efectivos", señala Castro.
Añade que, aunque en 2006 la Casa Real pidió a Urdangarin que se apartara de Nóos a raíz de unas críticas políticas sobre el coste de eventos organizados por el instituto en Baleares, el yerno de don Juan Carlos solo se desvinculó de manera aparente.
RECURSOS Y APELACIONES
En este punto, la Fiscalía así como las acusaciones personadas; particulares –la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda y la de la comunidad autónoma balear en nombre del Govern– y populares (el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia) tienen un plazo de veinte días para pedir la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de más diligencias.
Además, las defensas podrán plantear recurso de reforma ante el auto. en un plazo de cinco días, que deberá responder el propio magistrado; o bien de apelación que resolvería una instancia superior.
Una vez concluídos estos trámites y resueltos los recursos, la Audiencia de Palma fijaría la fecha para la celebración del juicio, una vista oral que, previsiblemente, no tendría lugar hasta finales de 2015 o principios de 2016, dada la carga de trabajo del juzgado.
TODOS LOS GASTOS PAGADOS
El auto de instrucción recoge, además, un detalle que Castro considera "censurable" y es que los gastos de estancia en Valencia de Urdangarin, quien ya percibía por su intervención en cada evento deportivo Valencia Summit "un canon de 900.000 euros libres de impuestos", fueran cargados a las entidades firmantes del convenio, como lo fueron los billetes de avión y seguro de viaje de Barcelona a Valencia de Urdangarin y otros miembros de Nóos, que se cargaron a las dos entidades -incluido el billete de avión de Urdangarin y su hermano Mikel de Valencia a Bilbao-, igual que los desplazamientos de personas vinculadas al entramado.
Sobre los convenios que suscribieron CACSA y la Fundación con el Instituto Nóos, el primero se firmó en noviembre 2004, "sin que se iniciara absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación, y en exclusiva atención a que por los responsables políticos era hartamente conocido" que al frente de Nóos estaba el yerno del entonces rey Juan Carlos I.
El coste del primer Valencia Summit, presupuestado en "un folio escaso de extensión" en 1.351.638 euros, incluía un "canon" de 900.000 euros (1.044.000 euros con IVA) fijado "unilateralmente" por Nóos, pagadero a partes iguales entre las entidades firmantes, al que estas "se aquietaron sin que fuera precedido de ningún análisis de mercado, discusión o negociación". Precisameente en este punto, el magistrado instructor apunta que "ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar" un análisis "para convencer a quienes tendrían que pagarlo".
El magistrado instructor indicaba hoy a su salida de los juzgados de Palma, a las ocho y media de la mañana que "ya se ha cerrado" la instrucción del caso Noós, cuyo auto fue hecho público posteriormente tras concluir la fase de investigación.
"Ahora quedan recursos y todavía hay trabajo", añadió entonces Castro.
Con el auto de pase a procedimiento abreviado finaliza la instrucción del caso, si bien las partes pueden plantear recursos ante la Audiencia Provincial de Palma.
Además de Urdangarin y la infanta Cristina, también están imputados en esta causa el exsocio del duque de Palma, Diego Torres, y su esposa Ana María Tejeiro; el secretario de las infantas, Carlos García Revenga; los hermanos Marco Antonio, Miguel y Luis Tejeiro; el expresidente balear Jaume Matas y el ex director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester, entre otros.
Castro imputó el pasado 7 de enero a la infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma prestó declaración el juzgado el 8 de febrero durante seis horas.
MÁS DE 4 MILLONES Y MEDIO SIN JUSTIFICAR
El juez cifra en 4.551.013 euros el total de los fondos públicos que presuntamente percibieron el Instituto Nóos y su heredera, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), y no se han justificado debidamente.
En el auto con el que pone fin a la instrucción del caso Nóos, el magistrado analiza los costes de los eventos que organizaron las entidades y que fueron sufragados con fondos públicos de distintas administraciones.
En concreto, el Instituto Nóos percibió 6,1 millones de euros, fundamentalmente de las administraciones balear y valenciana, por la organización de varios eventos sobre turismo y deporte.
Según Castro, la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada tiene pendientes de justificar 1.442.193 euros percibidos del Govern balear (795.667 por la organización de la primera edición del Illes Balears Forum que costó 1,2 millones y 646.526 de la segunda que costó 1.085.000 euros).
De lo cobrado por los Valencia Summit, el Instituto Nóos no ha justificado 2.606.615 euros (de los que 837.597 corresponden al Valencia Summit de 2004, del de 2005 faltan 1.178.437 y de 2006 hasta 590.581 euros). Además tampoco ha justificado 382.203 euros del proyecto para celebrar en Valencia los Juegos Europeos.
Además, la Fundación Madrid 2016 pagó a la Fdcis 120.000 euros en 2007 sin que exista ningún documento que refleje a qué servicios pudo haberse comprometido la entidad ni cuáles realizó.
