La detención de presuntos incendiarios de montes y su posterior puesta en libertad por el juez trae a primer plano de nuevo el llamado «juicio mediático» o la «condena del telediario».La detención de un ciudadano y la exhibición de su imagen en los medios previa a una acusación formal supone ciertamente un problema que está pendiente de afrontar. La respuesta ha de asegurar la libertad de expresión y el derecho a la imagen de las personas. Es al legislador al que corresponde marcar las normas que garanticen ambos derechos. Apelar a la autorregulación por parte de los medios es trasladar la responsabilidad a otros. Con independencia de que cada medio establezca su propio estilo, que evite los riesgos de la exhibición precipitada de la imagen de los presuntos autores de un delito, la legislación debería fijar los tiempos para la información gráfica e identificativa de las personas en las investigaciones policiales y en el proceso judicial. Y sin que ello suponga abrir vías para la censura o para convertir la acción de la Justicia en un secreto. El caso de Fornelos de Montes es un ejemplo, con independencia del rumbo que tomen las investigaciones del suceso que costó la vida a dos brigadistas.
Rubalcaba
La foto del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con su homólogo marroquí ofrece la versión oficiosa de escenificación de la normalidad en las relaciones con Marruecos. Entre las cargas contra José María Aznar por su presencia en Melilla y la artillería gruesa contra el PP con las acusaciones de deslealtad con España, pudiera quedar hasta cuestionado si hubo o no algún problema con Marruecos. Lo hay y se reaviva como arma de presión frente a España. La cuestión radica en saber si hay que aprender a convivir con ese problema o hay que afrontarlo y darle salida.
