La guerra al feísmo choca contra la realidad

LA FACHADA DE Galicia está sin recebar. En las últimas décadas, los esqueletos de edificios a medio construir, las paredes a ladrillo, las ampliaciones estrambóticas comiéndose las casas tradicionales matrices, los elementos más extraños reciclados como fuentes o como cierres de fincas, las medianeras agresivas rompiendo las tramas urbanas o las rehabilitaciones malogradas se han convertido en parte de paisaje gallego. Un paisaje ya tan característico y autóctono como las rías asombrosas, las playas maravillosas, las aldeas de valle o de montaña, los ríos venosos o las carballeiras. O los eucaliptos, porque todo ello marca y define Galicia de la misma manera a los ojos del que mira, sea gallego o turista.

Algunos de estos problemas son comunes a otros lugares de la penísula, pero solo en Galicia han alcanzado tal volumen que han permitido acuñar hasta un término para definir la situación: feísmo, que incluso tiene una entrada en la Wikipedia directamente asociado a "arquitectura gallega". Esta web incluso se atreve a dar, pese a que reconoce su ambigüedad, una definición: "Conjunto de infraviviendas, construcciones, infraestructuras u obras humanas con alto grado de mediocridad que degradan de algún modo su entorno". Profesionales y estudiosos del tema prefieren hablar de "maltrato del paisaje" e incluso de "canibalismo urbanístico".

La buena noticia es que todas las administraciones, expertos y agentes sociales son conscientes de que ha llegado el momento de atajar el problema y están dispuestos a actuar. La mala, que todavía no se sabe cómo, ya que las medidas legislativas y normativas puestas en marcha no han tenido todavía el efecto deseado sobre unos propietarios que no acaban de entender que su casa sea un asunto colectivo, de país, y no una cuestión meramente privada que solo afecta a sus recursos y sus circunstancias.

La propia Xunta, a través de sus consellerías de Vivenda y de Medio Ambiente, ha tratado de liderar la respuesta al problema. Lo ha hecho no solo con leyes y reglamentos, sino iniciativas como la Estratexia Paisaxe Galega, que incluso pone parte de sus recursos en llevar a las escuelas la concienciación sobre la importancia de cuidar y valorar un patrimonio común como es el paisaje, sea natural o humano. Se trata, no obstante, de una estrategia imprescindible pero cuyos resultados deberán verse a largo tiempo.

Sin embargo, acciones que deberían llevar a una reacción más inmediata han fracasado ante la dificultad para ejecutarlas entre una población todavía muy poco concienciada. La Lei do Solo de Galicia aprobada el pasado año y desarrollada posteriormente con un reglamento incluía acciones muy concretas para tratar de atajar la proliferación de viviendas sin acabar y fachadas a ladrillo visto.

La principal medida era la posibilidad de que los propietarios pudieran ser condenados a multas de hasta 25.000 euros en quince meses, si no acometían las obras necesarias tras ser apercibidos. La responsable de poner en marcha esta estrategia fue la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio, pero el gran problema, como confirman a El Progreso desde la propia consellería, es que se delegaba en los ayuntamientos la responsabilidad de su aplicación. Un año después, reconocen desde la Xunta, la incidencia ha sido mínima y los resultados imperceptibles, por lo que en estos momentos están en conversaciones con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para estudiar el modo de ejecutar la norma con eficacia.

La normativa indicaba que eran los concellos los que tenían que realizar un recuento de las viviendas afectadas y luego enviar los requerimientos, que podían finalizar en sanción de no ser atendidos. Incluso daba a los concellos la posibilidad de ejecutar subsidiariamente las obras y luego pasárselas a cobro a los propietarios. Para ello la Xunta incluso ponía a disposición de los ayuntamientos un fondo de contingencia.

La realidad es que un año después apenas hay ejemplos de aplicación. Los ayuntamientos que han hecho el inventario son muy pocos, y las multas casi inexistentes. Alfredo García, presidente de Fegamp y alcalde de O Barco, considera que el cumplimiento de esta norma "es inasumible" en estos momentos, ante la falta generalizada de funcionarios y de medios para llevarla a efecto que sufren los ayuntamientos.

Los municipios donde se ha avanzado algo son excepciones (A Coruña, Ribadeo, Rianxo, Viveiro o Allariz), pero se han dado más más en el sentido de inventariar los inmuebles y dialogar con los propietarios, sin llegar a la coacción de las multas. La nueva estrategia que se está debatiendo va más encaminada hacia la pedagogía que hacia la amenaza, ante la evidencia de que en la mayoría de los concellos los alcaldes no se van a arriesgar a tener un problema social con sus vecinos, y menos poniendo ellos los recursos.

De este modo, puede decirse que se ha empezado la casa por el tejado y, además, se ha dejado a medio construir. Por no existir, no existen ni datos oficiales (este diario los ha reclamado sin éxito a varios departamentos de la Xunta y a la propia Fegamp) para valorar la magnitud del problema que se trata de solucionar. La cifra más asentada es fruto de un trabajo de extrapolación de la persona que se ha convertido en la principal referencia en la concienciación sobre este problema, Carlos Henrique Fernández Coto. Arquitecto de patrimonio de Rianxo, presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego y creador de la página Canibalismo Urbanístico. En su momento, cifró las casas en cimientos o con las fachadas en ladrillo en Galicia en 50.000, "aunque muchos expertos me dijeron después que me había quedado corto". Convertido también en interlocutor directo de la Xunta a la hora de enfocar la solución a este problema (fruto de su consejo se pusieron marcha varias medidas), opina que "con leyes exclusivamente no se soluciona el problema, es más profundo, de educación. Hay que cambiar la mentalidad".

Él mismo ha promocionado varias iniciativas en este sentido que están consiguiendo resultados, y la propia Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, está tratando de llevar a las aulas la concienciación sobre el paisaje como bien común. Al respecto, considera que las medidas legales aprobadas por las administraciones no van por el mal camino, pero que "depende de cómo se apliquen pueden causar hasta un problema social. Deberían ir acompañadas de otras medidas. La Xunta está metiendo cosas a goteo, y a la gente le falta información. Por ejemplo, casi nadie sabe que para un proyecto de rehabilitación puedes conseguir en el banco un préstamo a interés cero, a través de la Xunta. Mucha gente se opone a que se subvencione a l que incumplió la norma, pero de este modo te dan un préstamo y tú lo devuelves. Sobre todo se necesita educación y concienciación, tiene que haber más campañas publicitarias y difusión".

Este planteamiento es, sin duda, una puerta abierta a la esperanza. La cruz es que, pese a que entre los actores principales, incluidas las diferentes administraciones, hay acuerdo en el diagnóstico y en la voluntad de poner los medios necesarios, la solución no parece hoy más cercana que hace unos años. Es triste, pero tal vez la única manera de dar esos primeros pasos sea a través de las sanciones. Ahora solo hace falta que alguien asuma la voluntad de aplicarlas. Y de momento todos parecen preferir una fachada sin recebar que un vecino cabreado.