NO SERÁ un banco, y nadie aspira a que además sea malo. Pero, al margen del apodo, todo son dudas sobre el efecto que tendrá el denominado banco malo sobre la economía española. En concreto, sobre los precios de la vivienda y el mercado inmobiliario en general, una vez despejado el balón de los activos tóxicos del ladrillo para las entidades financieras nacionalizadas y con ello los riesgos para sus balances. En el caso de Galicia, las transferencias formalizadas durante las últimas semanas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que es su nombre oficial, ascienden a algo más de 6.000 millones de euros, repartidos entre Novagalicia Banco (5.096 millones) y su participada el Banco Gallego, con otros 1.025 millones. Bankia, la entidad más grande de las nacionalizadas, es también la que más activos tras- pasa a Sareb: 22.318 millones.
El Gobierno no logra aclarar si, con el diseño elegido, el banco malo será la herramienta definitiva que pinche de una vez por todas la burbuja y arrastre los precios de la vivienda a la baja, habida cuenta de los grandes descuentos que se han establecido en los traspasos. La sociedad, presidida por otra exbanquera, Belén Romana, nace con unos 37.000 millones en activos tóxicos aportados por las entidades nacionalizadas, que se han visto obligadas a vender los inmuebles adjudicados con un descuento medio del 63% sobre el valor bruto en libros. En el caso de las viviendas nuevas, por ejemplo, la rebaja ha sido del 54% y si se trata de suelo, el recorte llega al 79,5%. Dicho sea de paso que actualmente las bolsas de suelo, como tal, apenas tienen liquidez en este país. La Sareb establece además que los créditos hipotecarios tendrán un recorte medio del 45,6%. No obstante, cada entidad tendrá un precio diferente, según sean más nuevos o viejos los activos, su situación geográfica y las últimas tasaciones realizadas.
Los precios de compra supondrán pérdidas para las entidades nacionalizadas. Pero, a la vez, al desprenderse de activos malos se rebajarán las exigencias de capital, «por lo que, al final, el contribuyente se ahorrará 5.000 o 6.000 millones», según las estimaciones del Banco de España, ya que se pondrá menos dinero en estas entidades. Sobre el tapete ese es, de forma indirecta, el efecto que tendrá la sociedad de gestión de activos sobre la economía. Pero faltan otras consecuencias más perniciosas y de difícil cálculo: los precios en el mercado, ya que el volumen de inmuebles que manejará se presenta como obligada referencia. Hablamos de aproximadamente unos 90.000 pisos, por ejemplo, y de unos 13 millones de metros cuadrados que saldrán a partir de ahora al mercado.
Desde el instituto emisor, el subgobernador Fernando Restoy, a la sazón presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (Frob), trata de quitarle hierro al asunto. A su juicio, los precios de transferencia «no pueden servir en ningún caso para valorar los activos inmobiliarios que quedan fuera, ya que el precio de lo que se compra incluye los gastos de gestión de la sociedad, la prima de riesgo asumido y el hecho de que sean compras en bloque». Sareb se hará cargo del 90% de los activos tóxicos de Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia. El 10% restante son activos inferiores a 100.000 euros o préstamos de menos de 250.000 euros que se quedan en las entidades para evitar que el banco malo tenga miles de pequeños créditos de difícil manejo.
Pero los precios no son los únicos nubarrones que se ciernen sobre el banco malo. El hecho de que sea una entidad en la que el sector privado es mayoritario deja sobre el papel poca autonomía al Banco de España ante posibles desavenencias en la gestión de la sociedad, que las puede haber. Todos los bancos españoles, excepto el BBVA, han puesto dinero para participar en la sociedad que absorberá los pisos, promociones y créditos vinculados al ladrillo. Al final son 14 las entidades que acaparan el 55% del banco malo. El otro 45% del capital está en manos del Frob.
¿Y si algún accionista en desacuerdo con la gestión de Belén Romana, la presidenta, plantea al consejo sus diferencias con hechos y no solo con palabras? ¿Y si hay que hacer una ampliación de capital impulsada por el Banco de España y el núcleo duro no está por la labor? La minoría de capital público en la sociedad, que no dará financiación para comprar pisos, sino que solamente los venderá y como mucho firmará acuerdos con entidades, tiene una explicación: el objetivo es que las eventuales pérdidas no consoliden como déficit público y penalicen así las cuentas del Estado. Precios, control accionarial, canales de venta, contingente laboral… Todos son dudas con respecto al banco malo.
LA CONVULSIÓN en el sistema financiero gallego es tal que los días se han ido contando por sorpresas en las últimas semanas. Y casi todas representan la cruz del sector, con transferencias de activos problemáticos al banco malo, valoraciones sorprendentemente bajas, entrada de capital venezolano en algunos casos y operaciones acordeón, en otros, que dejan con un palmo de narices a determinados inversores. En medio de todo este marasmo, y sin hacer demasiado ruido, el Banco Gallego intenta ir por libre y ha convocado una junta para el 29 de enero en la que propondrá a sus accionistas una ampliación de capital. Será la segunda en seis meses, después de haberlo intentado en 2012 sin éxito.
Básicamente, el Banco Gallego (participado en un 49,5% por NCG, aunque controlado por el Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca) intenta reducir su capital para compensar pérdidas y realizar una nueva ampliación a la que prevé que acudan los socios actuales. Entre ellos destacan el empresario Epifanio Campo, Javier Ungría, Juan Manuel Urgoiti, el presidente, la Fundación José Antonio de Castro, BNP Paribas e Inditex. Ante el requerimiento de mayores recursos propios a mantener a partir de ahora tras los sucesivos decretos del Gobierno, los administradores del Gallego han estimado nada menos que unas necesidades de capital de 170 millones sobre los mínimos requeridos en base a la normativa actual, exigible desde el pasado uno de enero de 2013. Todo un reto en estos momentos.
Desde Galicia se han traspasado a la nueva entidad activos tóxicos por algo más de 6.000 millones de euros»
TIPOS CON INTERÉS
José Manuel Soria
Un ministro que sube la luz y concreta la tarifa de Alcoa
Año nuevo, precios regulados nuevos. En un ritual que se repite casi todos los meses de enero, vuelve a tocar una subida de la luz. Y todo, por obra y gracia de un ministro singular, José Manuel Soria, empeñado en acabar con el desorbitado déficit de tarifa de un plumazo, como si de pasar la página de un mal libro se tratase. El ministro de Industria dice que ahora toca el 3% de alza para los usuarios de la tarifa de último recurso, que afecta a unos 17 millones de españoles. Y, mientras tanto, las promesas de Soria para dar a Alcoa, por ejemplo, un tratamiento diferenciado como gran consumidor han mantenido en vilo a todo San Cibrao.
Francisco Conde
La responsabilidad de gestionar parte del fondo de crecimiento
Al fondo de crecimiento anunciado por Núñez Feijóo en el debate de investidura le faltaban los números: serán finalmente 386 millones los destinados a políticas activas de desarrollo económico, cuya gestión recaerá en gran parte en el flamante conselleiro de Economía, Francisco Conde. El monfortino compartirá sudores con otros responsables autonómicos, ya que, prioritariamente, el fondo estará destinado a la dinamización y apoyo a sectores estratégicos, a la investigación e innovación, lo suyo, pero también a la red de infraestructuras o asuntos relacionados con la oferta y demanda laboral, que tocan a otras consellerías.
