La Fundación Francisco Franco ha anunciado que hará "todo lo que esté en su mano" para asegurarse de que "los asaltantes" del Pazo de Meirás –militantes del BNG y Galiza Nova entraron a finales de agosto en el mismo y desplegaron pancartas para pedir la devolución de este Bien de Interés Cultural (BIC) "al pueblo"– reciban "su justo castigo de acuerdo con la ley", que sitúa en un plano "superior" a la democracia.
Después de que la Xunta anunciase una multa de 4.500 a los Franco por impedir las visitas a este BIC, la entidad que las gestiona no se pronuncia sobre esta cuestión pero sí avanza, en un comunicado emitido este lunes, que buscará "justo castigo" legal para los "asaltantes" del Pazo.
Fundación Franco: "El asalto en sí mismo, ya que el respeto a la ley de la izquierda española es nulo, sino la respuesta al dicho asalto"
"Esta decisión es tan obvia que podría parecer innecesario anunciarla, pero la oscurantista presentación del referido asalto por parte de múltiples actores políticos y mediáticos aconseja dar publicidad a esta medida", remarca la Fundación, muy crítica con la "no condena" al "asalto" de "una amplia mayoría de las organizaciones políticas y mediáticas españolas". No en vano, considera que "lo relevante" no es "el asalto en sí mismo, ya que el respeto a la ley de la izquierda española es nulo, sino la respuesta al dicho asalto" y el hecho de que "la versión más difundida del asalto" lo defina "como un pequeño festejo en el cual los delincuentes son presentados como defensores del bien común y las víctimas del delito, es decir la familia de Francisco Franco y la Fundación, son descritos como delincuentes".
"¿Cómo es posible que en la España de la II Restauración Borbónica se haya alcanzado un grado tan elevado de falta de respeto público a la ley?", se pregunta la Fundación, quien remarca que "la sedición del Parlamento y del Gobierno regionales de Cataluña" hubiera sido "impensable" si la ciudadanía catalana "hubiera tenido claro que, en todo Estado de Derecho, el imperio de la ley está por encima de la democracia".
"LA LEY DEBE PESAR MÁS QUE LA DEMOCRACIA". A su juicio, "este mismo error" de considerar "la democracia superior a la ley" explica "la reacción política y mediática" de "no condenar el asalto" al Pazo de Meirás. De hecho, reflexiona que, "como el asalto ha tenido lugar contra una entidad que defiende la España de Franco, lo políticamente correcto es definirlo como una actuación democrática y, consecuentemente, legal".
"En resumidas cuentas, la sedición del Parlamento regional catalán y la no condena al asalto de Meirás nacen de un mismo mito: que la democracia debe prevalecer sobre la ley", indica. Con todo, considera que la "mencionada sedición de una amplia mayoría de las instituciones democráticas catalanas, aunque obviamente deletérea" aporta "un beneficio relevante", que "la ciudadanía española ha empezado a comprender no solo que las decisiones democráticas son frecuentemente ilegales (previamente ejemplifica con el Estatut), sino que, además, esta ilegalidad puede acarrear consecuencias estremecedoras para el bien común".
