La Fiscalía solicita tres años de prisión para el alcalde de Trazo por falsedad en documento oficial

La fiscalía pide tres años de prisión para el alcalde de la localidad coruñesa de Trazo, José Dafonte Varela (PP), por un presunto delito de falsedad en documento oficial tras firmar una factura de una obra que no estaba realizada.

El regidor popular se sienta en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña por unos hechos ocurridos en 2009, cuando firmó una factura por importe de algo más de 26.000 euros para pagar la construcción del graderío de un campo de fútbol, aunque no se habían realizado las obras.

A preguntas del fiscal ha confesado que en Trazo nadie comprueba el estado de las obras menores cuando están terminadas y por eso se firmó la factura, pues él no pasó por las instalaciones de la parroquia de Campo, aunque el justificante de pago se envió a la Diputación de A Coruña para argumentar una subvención de 18.000 euros.

De hecho, fue sancionado con 1.800 euros por el organismo provincial por esta actuación, algo que le sorprendió, pero que no recurrió porque no lee la documentación que rubrica: "Si tuviera que leer todo lo que firmo, tendría que leer todo el mes para firmar un día", ha señalado.

La fiscalía pide para él tres años de prisión y cuatro de inhabilitación, además de algo más de 4.000 euros de multa, mientras que la acusación particular, que representa al PSdeG-PSOE de la localidad, solicita un año más de cárcel y mil euros más de multa.

El acusado es alcalde de Trazo desde hace doce años y solicitó una subvención de algo más de 60.000 euros a la Diputación, aunque solo le concedieron 18.000, por lo que en vez de construir un graderío y su cubierta, decidió hacer solo la primera parte, con un gasto de 26.000. No siguió las obras en ningún momento, ha dicho, porque "no pasaba por allí" y "nadie" informaba sobre la ejecución, aunque cuando firmó la factura, el 24 de julio de 2009, pensaba "que la obra estaba hecha", a pesar de que un notario certificó en septiembre que ni siquiera había empezado.

El fiscal ha recordado que "según el reglamento del sector público, la firma en la factura implica la recepción de la obra", a lo que el regidor ha respondido que firma "toda la documentación" que le "ponen delante". Consultado por el motivo de que esta factura se enviase a la Diputación en una memoria que exigía el ente provincial para pagar la ayuda, ha dicho que no sabe escribir a máquina ni quién realizó esa gestión.

El interventor provincial que realizó el expediente ha reconocido que cuando se dan subvenciones "no se hace una comprobación material", pues "se certifica por la documentación facilitada por las entidades locales", aunque en "los planes de control financiero" se detectan "un 25 % de irregularidades".

La secretaria del Ayuntamiento desde 2004 ha asegurado que cuando hay expedientes nuevos se le explican al alcalde y ha reconocido que "la normativa dice que la aprobación de la factura implica la recepción de la obra".

El gerente de la empresa de construcción ha revelado que el retraso en la obra se produjo por la quiebra de la suministradora de materiales y que "se cobró sin estar terminada" porque "desde el Ayuntamiento pidieron una factura" y ellos la enviaron.

Para el fiscal, el hecho de que el alcalde no alegase y después no recurriese la sanción significa que sabe que es culpable y cree que esta supuesta falsificación "afecta a otros ayuntamientos que optaban a la subvención en un proceso de concurrencia competitiva y afecta a sus administrados". En su opinión, se trata de una "falta de honestidad" del alcalde y apunta como "absolutamente inverosímil pensar" que el regidor desconocía que no se había hecho la obra en el tercer término municipal más pequeño de la provincia, con apenas 3.000 habitantes.