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La Fiscalía solicita 15 meses de cárcel para la alcaldesa de Viveiro por casos de prevaricación

También pide cárcel para una edil y tres exconcejales. Acusa a un técnico externo de falsedad documental

La Fiscalía de Lugo efectuó ya la calificación de las supuestas infracciones penales que observa en el caso de las licencias de Viveiro, por el que también solicita ya penas para los cinco concejales y exediles, así como para el técnico externo imputado. En el escrito enviado al juzgado de instrucción número 2 de Viveiro propone 15 meses de prisión para la alcaldesa, María Loureiro, y la actual teniente de alcalde, Isabel Rodríguez, por un delito de prevaricación urbanística, además de para los exediles Rafael Fernández Amor y José Luis Docampo, todos estos por otorgar la licencia 448/2004. La pena está acompañada por la petición de ocho años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

El fiscal considera que el exprimer teniente de alcalde Francisco Luis Rodríguez Guerreiro (BNG) es responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística por los permisos denunciados por los que votó a favor. Por ello, le pide dos años de prisión y diez de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

Para el arquitecto externo contratado por el Concello, Manuel Cortón Muinelo, solicita cinco años de prisión, con 20 meses de multa con cuota diaria de diez euros y responsabilidad subsidiaria de un día de privación por cada dos cuotas no satisfechas, así como seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo público. Lo cree responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística en concurso medial con otro de falsedad documental por las tres licencias que informó a favor. Además, en caso de que el tribunal no acepte esa calificación, propone el delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Su actuación sería la más grave según el escrito del ministerio fiscal, que también demanda la apertura de juicio oral en la Audiencia de Lugo,

ANULACIÓN. Como responsabilidad civil estima que deben declararse nulas todas las licencias concedidas de modo ilícito, que son un total de 13, y que el Concello deberá reponer la legalidad de los diversos inmuebles afectados. Además, los acusados deberán responder de manera conjunta y solidariamente con la devolución de las tasas cobradas de modo indebido por el Concello en las licencias.

La regidora indicó el pasado viernes que «nadie nos notificó nada» y reiteró que «aquí no se cometió ningún delito, no nos llevamos nada. Demostraremos nuestra inocencia donde haya que hacerlo».

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