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La finca de Acuinor en Rinlo sigue teniendo valor y no se pagará lucro cesante

Finca de Acuinor en Rinlo. Foto: JOSÉ Mª ÁLVEZ
Finca de Acuinor en Rinlo. Foto: JOSÉ Mª ÁLVEZ
Horas después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmase que la Xunta deberá indemnizar a Pescanova por paralizar la planta acuícola de Touriñán, este periódico desveló que el alto tribunal ratifica la sentencia por la que la Administración tendrá que pagar otros 800.000 euros, por frenar la proyectada piscifactoría de Acuinor en Rinlo. Lo que no admite es que se le abone el lucro cesante de 7,3 millones que reclamaba la empresa, ni tampoco el pago del terreno adquirido, en suelo rústico de protección agropecuaria, «porque mantiene su valor».

El Supremo concuerda con la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2012 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que negó la indemnización por el precio de los terrenos adquiridos para la construcción de la planta «y de los que continúa disponiendo por un valor correspondiente a su naturaleza».

La instalación iba a ocupar una superficie total de 42.394 metros cuadrados. Parte de la infraestructura principal hidráulica se ubicaba dentro de la zona de protección de Costas. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente informó favorablemente en 2005 sobre la solicitud de ocupación de 450 metros de espacio de dominio público marítimo-terrestre para instalar la piscifactoría de pulpo, rodaballo y lenguado. El área de producción y los equipamientos auxiliares ocupaban 26.500 metros cuadrados de parcelas clasificadas como suelo rústico de protección agropecuaria. Una clasificación con la que ya fueron adquiridas en su día y que se mantiene tras la aprobación del Plan Gallego de Acuicultura de 2008.

Fuentes cercanas a la empresa confirman que ésta abandonó por completo la idea de retomar el proyecto e incluso pretende deshacerse de estos terrenos que solo adquirió por la pretendida piscifactoría. Tras la sentencia del TS, debería cobrar de la Xunta, en menos de tres meses, 689.000 euros «por los gastos sufridos con la obtención de la autorización concedida y finalmente frustrada». Aunque la Administración también debe abonar el interés legal computado desde el 7 de abril de 2009 y hasta la fecha, lo que podría elevar la suma a 850.000 euros.

Acuinor había presentado ante el Supremo recurso de casación sobre la sentencia del TSXG, sobre todo para reclamar el lucro cesante, que el TS también le deniega. La Xunta recurrió a su vez al Supremo para evitar el pago, pero tampoco estima su demanda.

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