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La Diputación pierde diez millones de fondos de la UE por "irregularidades" en la gestión de Louzán

Una auditoria de Hacienda detectó gastos sin justificar y otros "defectos" en la tramitación y contratación de los proyectos DepoGap y Deputrans. El diputado Carlos López Font ha anunciado que pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía

Una auditoría del Ministerio de Hacienda ha detectado "graves irregularidades" en la tramitación y contratación de dos proyectos de la Diputación de Pontevedra que recibieron fondos europeos, DepoGap y Deputrans, por las que la institución provincial perderá cerca de 10 millones de euros.

En rueda de prensa, el diputado socialista Carlos López Font, actual responsable de Economía y Hacienda de la Diputación, ha responsabilizado directamente de esta situación al expresidente provincial, Rafael Louzán, y ha anunciado que pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

"¿Qué no se habrá hecho en otro tipo de situaciones si se hace con proyectos europeos?", se ha preguntado López Font, al recordar los exigentes mecanismos de control que rigen la gestión de los fondos que reparte la UE entre sus estados miembros.


Con respecto a DepoGap, la resolución ministerial confirma que la Diputación de Pontevedra no recibirá los 6.155.000 euros que los fondos Feder habían destinado a este proyecto para implantar las nuevas tecnologías en la gestión de los servicios públicos provinciales.

Entre otras irregularidades, además de "graves defectos" en la contratación, Hacienda ha detectado que de los 8,8 millones de euros invertidos solo se han justificado 1,5, y que el proyecto fue contratado apenas una semana antes del límite legal para que estuviese finalizado, el 16 de marzo de 2015.

Según López Font, lo que ha sucedido con el proyecto Deputrans es "aún más grave" porque es la oficina europea de lucha contra el fraude la que aprecia "irregularidades" en la contratación pública de esta iniciativa, bajo la cual se han instalado 35 pequeñas depuradoras para mejorar el saneamiento en el ámbito del río Miño.

Hacienda concluye que solo el 11% de los 4,8 millones de euros que se iban a invertir en este proyecto está "debidamente justificado", por lo que obliga a la Diputación de Pontevedra a devolver 3.633.000 euros de los fondos europeos recibidos.

Además de estos gastos sin justificar, el Ministerio aprecia irregularidades en el suministro de las máquinas depuradoras, "discrepancias" con la localización de las mismas; se cuestionan las asistencias técnicas contratadas para redactar el proyecto, o advierten de que no se ha comprobado la ejecución de las obras realizadas.

EXPLICACIONES DE LOUZÁN. El diputado del PSdeG-PSOE ha exigido "explicaciones" a Rafael Louzán, a quien el gobierno provincial también le reclama que abandone su cargo como asesor del PP en la Diputación, al entender que es "indigno" que siga cobrando 44.000 euros anuales cuando su gestión política ha provocado este "grave perjuicio" a la institución.

Los socialistas aprecian también responsabilidades en los otros dieciséis diputados del PP en el pasado mandato ya que este tipo de procedimientos eran aprobados en junta de gobierno, por lo que han reclamado al nuevo presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, que explique "claramente" qué medidas va a adoptar en su partido.

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