La Diputación de Lugo acordó este martes, con los votos de PSOE y BNG y el rechazo del PP, pedir a la Xunta la retirada del aumento del canon de Sogama en un 34 por ciento, sin aceptar una enmienda del PP (único grupo de la oposición) para que se avale la gestión de la Xunta, que permitió "mejorar los resultados" de la empresa.
De este modo, el pleno provincial muestra su rechazo a la subida del canon por basarse en datos y previsiones "erróneas" por parte de la Xunta, puesto que las pérdidas en 2013 fueron de tres millones de euros, cifra muy inferior a los 13 millones de euros que pronosticó el Gobierno autonómico. Por ello, en la moción aprobada se demanda la exploración de otras vías propuestas en el plan económico-financiero de Sogama (Sociedade Galega de Medio Ambiente) para abaratar el tratamiento de residuos.
El diputado del PSOE Álvaro Santos, responsable del área de cooperación y asistencia a los ayuntamientos, pidió además a la Xunta de Galicia una evaluación "seria y rigurosa", a través de una auditoría externa, para desvelar cuál es la situación económica real de la empresa semipública.
El grupo provincial del PP votó en contra porque no se tuvo en cuenta su enmienda, a través de la cual se pretendía incluir que la Diputación de Lugo avalaba el trabajo de la Xunta y la puesta en marcha de un plan de acción que permitieron mejorar los resultados económicos previstos en esa empresa pública.
La portavoz popular, Elena Candia, explicó que solicitaba que los "buenos resultados" fuesen tenidos en cuenta para la toma de futuras decisiones en Sogama.
MÁS POLICÍA EN EL RURAL
Al margen de este asunto, fue aprobada por unanimidad una moción socialista para instar a la Subdelegación del Gobierno a incrementar los efectivos de las fuerzas de seguridad en el medio rural. A pesar del acuerdo final, el debate fue tenso, ya que Elena Candia aseguró que el número de efectivos en la provincia sigue siendo casi idéntico —algo menos de 1.000— al que había durante el Gobierno del PSOE, mientras que el portavoz socialista, Manuel Martínez, acudió a otras cifras que, según alegó, fueron presentadas por el propio ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.
La moción incluyó una enmienda del BNG para instar también a la Xunta a crear un cuerpo de seguridad propio y adaptado a las peculiaridades del asentamiento territorial de Galicia. Según Mario Outeiro, esto permitiría planificar, organizar y gestionar soluciones más adecuadas a la realidad lucense.
Por otra parte, el pleno aprobó las cuentas generales de 2013 de la Diputación, con los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP. La diputada de Economía, Pilar García Porto, aseguró que el nivel de ejecución se situó en el 76,3 por ciento, porcentaje que sube hasta el 97 por ciento en el apartado de obras y servicios. Añadió que el ente provincial ha dejado de recibir 11 millones de euros del Estado en los últimos cinco años. El PP expresó su rechazo la semana pasada a las cuentas, al considerar que la Diputación no ejecutó el 41 por ciento de los gastos.
