La Diputación de Lugo acusa a la Xunta de Galicia de obligar a unas 7.000 familias lucenses a «repagar o comedor escolar», con lo que se perjudica especialmente a las que residen en zonas rurales.
Así lo aseguró ayer la viceportavoz provincial socialista, Pilar García Porto, quien denunció que el Gobierno gallego ya no tendrá en cuenta el hecho de que las familias vivan a una distancia mínima de dos kilómetros del centro educativo para ofrecer ese servicio gratis, porque decidió «impoñer o repago» para esos usuarios.
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