Las reclamaciones de deuda al Concello de Viveiro suman ya más de ocho millones de euros. Esta cantidad incluye las facturas pendientes de pago a proveedores de suministros y servicios, así como a empresas, incluidas dos adjudicatarias de servicios municipales, como son Aquagest, que lleva el abastecimiento y el saneamiento del concello, y Cespa, encargada de la limpieza viaria y la recogida de los residuos sólidos urbanos.
Varias firmas y proveedores reclamaron el cobro de las cantidades pendientes por vía administrativa, pero al no obtener respuesta de la Administración local en el plazo de tres meses, lo que se conoce como silencio administrativo, recurrieron a la vía judicial para asegurarse el cobro de los trabajos y suministros encargados y realizados por y para el Ayuntamiento. Una parte importante de la deuda reclamada procedía del último mandato del PP, con César Aja al frente.
El regidor vivariense, Melchor Roel, aseguró durante el último pleno de 2010 que el Gobierno central «non debía tapar a merda que deixaron outros», en alusión al aplazamiento de deuda ejecutado en 1999 por sus antecesores. Por eso, el alcalde de Viveiro afirmó rotundo que «no Concello non o vou facer, se van atopar coa mesma merda que deixaron».
Tal aseveración se topa, sin embargo, con la Justicia que da un varapalo tras otro al gobierno local al condenar al Ayuntamiento al pago de las deudas contraídas y reclamadas por sus proveedores. Las demandas judiciales por impagos municipales superan los dos millones de euros. Una parte de las mismas fueron recurridas, razón por la que todavía no están abonadas en su totalidad, y sobre otras aún no pesa sentencia, puesto que están en pleno procedimiento y a la espera, por tanto, del dictamen final. En esta última fase se hallan las reclamaciones de A&B Laboratorios, Cortón Muinelo, Isidro Otero, Monsa y Roberto Rebolo.
Impagos de las nóminas al no informar a tiempo el interventor
- Los empleados municipales de Viveiro sufrieron ayer las consecuencias de la tardanza del interventor en informar las nóminas de enero, que por esa razón no fueron ingresadas a los trabajadores a tiempo. El técnico entregó el informe a las 9.58 horas de ayer. En el documento plantea la necesidad de cambiar una serie de partidas.
Diez días
- El alcalde informó sobre lo ocurrido al comité de empresa por la tarde y lamentó que el funcionario tarde diez días en resolver. Roel entregará hoy una modificación para resolver el asunto para todo el año, a la espera de que el técnico le conteste ya para pagar.
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Malestar Los afectados consideran la tardanza un abuso de la administración |
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El descontento entre las empresas afectadas es notorio, aunque pocos responsables quieren dar su opinión respecto a la tardanza en el pago que sufren y quienes lo hacen prefieren permanecer en el anonimato. En todo caso, los proveedores califican de «abuso» la tardanza de la administración en abonar las facturas pendientes. El responsable de una de las firmas considera «un escándalo» esa situación y pregunta «crees que se pode esperar para cobrar unha factura tantos anos despois». El proveedor asegura que esa actuación les perjudica mucho. «Algúns teñen que pechar a porta», subraya. Los afectados defienden que las deudas fueron contraídas por el Concello y no por los gobiernos de turno, razón por la que consideran que ellos no deben sufrir la gestión que hagan los gobernantes. En este sentido, exigen que se paguen las cantidades reclamadas, una vez comprobado que los trabajos y los suministros se realizaron, y con total independencia de que ya no gobierne el partido que las encargó. Una vez que la sentencia se confirma, es decir, que alcanza la categoría de definitiva, el Concello dispone de un plazo de 20 días para pagar y, que se sepa, hasta el momento siempre lo hizo, aunque tuviese que ser a golpe de resolución judicial. |
