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La deuda contraída por la utilización del regadío lastra su modernización

Acequia del regadío deteriorada y por la que se pierde agua en la parroquia de Piñeira. aep
Acequia del regadío deteriorada y por la que se pierde agua en la parroquia de Piñeira. aep

La comunidad de regantes Val de Lemos no tiene previsto optar a parte de esos 19 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) destinará a la modernización de los regadíos de Galicia. La presidenta del colectivo, Alicia Toirán, señaló que antes quieren saber cómo queda su recurso contras las tasas impuestas en el año 2002 por el uso de la infraestructura de riego, que consideran «inasumibles» y que se elevan a un total de medio millón de euros.

Para intentar que se les dé la razón en la necesidad de rebajar las cuotas impuestas, los regantes esgrimen, además de la mala situación en la que se encuentran canales y acequias desde hace décadas, que nunca se llevó a cabo el plan de colonización previsto en los años sesenta del siglo pasado

Por todo, Toirán indicó que no entra dentro de sus planes «meternos en una modernización del regadío sin saber cómo queda esa deuda que tenemos con la confederación hidrográfica». Según explicó, la comunidad no dispone de fondos, y ésta ya tuvo que pedirle ayuda a Unións Agrarias y a los alcaldes de la zona para poder presentar el recurso contra las tasas en la Audiencia Nacional. «Ante esta situación y con estas perspectivas no tenemos intención de meternos en camisas de once varas», destacó.

Asimismo, la presidenta del colectivo de regantes indicó que las condiciones recogidas en el convenio marco de colaboración firmado entre el MARM y la Xunta de Galicia, en el que se recoge que las comunidades beneficiarias estarían obligadas a aportar el 10% del coste de modernización del regadío, «es peor que lo ofrecido años atrás por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), cuando no dijeron que solamente tendríamos que asumir el 8% del gasto. Además, Alicia Toirán manifestó que actualmente sólo se podría actuar sobre 800 hectáreas de terreno, que es la única zona de concentración existente, concretamente en Bóveda.

«Sabemos que se proyecta otra concentración en el mismo municipio, en Guntín y Mosteiro, pero la verdad es que desde hace medio año no sabemos nada de este asunto».

También puso como una pega importante para un plan de modernización que incluyese más espacio la existencia de numeroso suelo regable en el que hay plantados pinos, algo que choca frontalmente con el planteamiento de los regadíos.

Otro problema con el que se ha encontrado la comunidad de regantes es la inexistencia de un censo actualizado de usuarios. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha decidido asumir tal trabajo.

Alicia Toirán explicó que disponer de un listado de beneficiarios de canales y acequias es «imprescindible, pues sin censo no podemos cobrar y, por consiguiente, tampoco podemos pagarle a la confederación».

Toirán reconoció que poner al día el censo de regantes del Val de Lemos es un trabajo «muy difícil, pues nos encontraremos con herederos de fulano de tal que será difícil localizar, por lo que la realización de este trabajo llevará al menos tres años».

Proyecto
El plan de modernización del regadío diseñado años atrás por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias contemplaba la construcción de una balsa de regulación de 36.700 metros cúbicos de capacidad y una estación de bombeo, así como la instalación de 24 kilómetros de tuberías para distribuir el agua a presión por las diferentes parcelas. En cuanto a su coste, se había estimado una inversión de 8.000 euros por hectárea, teniendo que asumir los regantes el 8 % del coste, a amortizar en 25 años.

Ventajas
El sistema que se emplearía sería el de tuberías enterradas para llevar agua a presión a pie de finca, donde se colocaría un contador. Así, los regantes pagarían por consumo, no como ocurre ahora, que satisfacen unas cuotas anuales por hectárea de terreno susceptible de ser regada.

Inicios
El 1 de diciembre de 1966, un decreto del Gobierno declaraba de alto interés nacional la colonización del valle de Lemos, al tiempo que se redactaba un proyecto para construir un regadío para servir agua a un total de 5.300 hectáreas de cinco municipios del sur lucense. La obra inicial tuvo una inversión que rondó los 500 millones de pesetas de aquel entonces. Los problemas surgieron pronto porque el plan de colonización no se llevó a cabo y tampoco se logró sacar adelante una comunidad de regantes, por lo que el regadío se deterioró con el paso del tiempo.

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