La cuñada de Carmela Silva niega haber hecho valer su parentesco para ser contratada

Vanesa F.B. solicita el sobreseimiento y archivo parcial de las actuaciones con respecto a ella, en el marco de la causa que investiga su supuesto enchufe en la concesionaria municipal Imesapi

La defensa de Vanesa F.B., cuñada de la concejal viguesa y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 7 de Vigo, en el que solicita el sobreseimiento y archivo parcial de las actuaciones con respecto a ella, en el marco de la causa que investiga su supuesto 'enchufe' en la concesionaria municipal Imesapi y otros posibles delitos.

En dicho escrito, la abogada recuerda que el Ministerio Fiscal pidió que se la investigara por un supuesto delito de tráfico de influencias, al considerar que influyó, utilizando su parentesco con Silva, para ser contratada en Imesapi, aunque por cuenta del Ayuntamiento, que compensaba a la empresa facturándole trabajos al margen del contrato que tenía para gestionar los centros cívicos.

Sin embargo, sostiene esta parte, ninguna de las pruebas practicadas hasta ahora ha pedido acreditar esos hechos ya que, entre otras cuestiones, tanto los demás investigados como los testigos aseguran que Vanesa "no hizo valer" su relación familiar con un miembro del gobierno local ni presionó a nadie en el Ayuntamiento para ser contratada. Así, aluden a las declaraciones de los dos responsables de Imesapi y del jefe municipal de área investigados, y que aseguraron desconocer esa relación de parentesco en el momento en que esta persona fue contratada.

Lo mismo declaró la propia Vanesa, cuyo salario era "idéntico" al del resto de trabajadoras de los centros cívicos, y que manifestó desconocer el importe de las facturas que Imesapi pasaba al Ayuntamiento. Por ello, concluye que su defendida "no ha influido en ningún funcionario o autoridad" para ser contratada por Imesapi; que "ha mantenido en su esfera privada su relación de parentesco" con Silva; y que no se ha beneficiado económicamente por ninguna resolución dictada por ningún organismo público. Según añade, su imputación se basa en "mera conjeturas e infundadas hipótesis", por lo que procede el "inmediato sobreseimiento y archivo parcial".

Además, la representación de Vanesa F.B.también ha reseñado, en su escrito, los "graves daños y perjuicios" que está sufriendo esta persona debido a la "presión mediática" a la que está siendo sometida, por una relación familiar de la que "jamás ha hecho gala". A ese respecto, la defensa enumera daños laborales (apunta las serias dificultades para encontrar empleo por su exposición en los medios de comunicación); daños personales y familiares (con especial mención a su hija); y daños psicológicos (por la "enorme presión" que soporta, y que afecta a su salud). "Mantenerla como investigada (...) conllevará que dicha injustificada presión continúe, agravándose los citados daños y perjuicios", concluye.

Por último, y con carácter subsidiario, la defensa plantea que, en caso de que el juzgado no acceda al sobreseimiento, el supuesto delito de tráfico de influencias habría prescrito, al haber transcurrido más de 3 años desde su comisión. Según señala la letrada, dicha prescripción se habría producido ya antes incluso de que la plataforma Xuntos hubiera puesto la denuncia, ya que el último contrato de Vanesa F.B. con Imesapi fue firmado en junio de 2008, y la denuncia se presentó en agosto de 2014.

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