La cuadratura del círculo

LA DIPUTACIÓN de Lugo reclamará el dinero que pagó en los últimos tres años por el llamado céntimo sanitario. Suma unos 90.000 euros por el combustible que consumieron los vehículos de su parque móvil. Hubo unanimidad en el pleno provincial para plantear esa demanda, aunque gobierno bipartito y oposición no desperdiciaron la ocasión para enseñarse mutuamente los dientes. La cosa no pasó a mayores, pero aprovecharon para decirse a la cara algunas verdades como templos góticos. Los socialistas no quisieron olvidar que fue el PP quien introdujo ese impuesto, ya en tiempos de Aznar. Por su parte, los populares recordaron que ya llovió desde el último mandato de don José María. Ni Rodríguez Zapatero, desde la Moncloa, ni Touriño, desde Monte Pío, hicieron nada, que se sepa, para cargarse ese tributo. Fue la Justicia europea la que puso punto final a esa pesada carga. De un debate tan pobre, sólo quedaron las trazas de tres axiomas irrefutables. Unos lo crearon, otros lo mantuvieron y los de fuera se lo cargaron. Porque era ilegal.

Es demasiado fácil caer en la demagogia cuando se habla de impuestos. Hay pocas cosas tan impopulares dentro de la acción política. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Al que cobra y tiene que administrar los recursos públicos le encantaría recaudar más. A los que pagamos, siempre nos parece suficiente o incluso demasiado. La retirada de ese tributo es una buena noticia para los transportistas, para las empresas y para los profesionales que dependen del uso de sus vehículos para desarrollar su actividad. También supone un ligero alivio para el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, cualquier debate serio sobre este asunto tiene que poner algo más sobre la mesa. Las consecuencias que tendrá esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la financiación de los servicios que todos disfrutamos. Se trata de responder a una cuestión elemental: Si realmente ese capital era imprescindible para sufragar los gastos que genera el sistema público de salud. Si lo era, se plantea otra incógnita. Con qué dinero se va a pagar ahora la factura.

Poco o nada nos aporta, como contribuyentes y como usuarios de la sanidad pública, que los señores políticos pierdan el tiempo en discusiones estériles sobre cuál de los dos grandes partidos es más culpable de semejante chapuza. Que se repartan a pachas la penitencia y a otra cosa. A los ciudadanos nos vendría bien que nos aclarasen las dudas que genera la decisión de la Justicia comunitaria. Sobre todo para tener muy claro, desde el minuto uno, si esa resolución va a ser utilizada como argumento para aplicar nuevos recortes sanitarios. También para estar prevenidos ante otra eventual ocurrencia del señor Montoro. Es probable que ya esté pensando en algo para cubrir el agujero que deja la retirada de ese tributo. Como diría O Tonecho, «a cabeza non para».

Galicia destinará algo más de 1.200 euros por habitante para pagar la sanidad pública en el presente ejercicio. La inversión per cápita para sufragar el coste de ese servicio ha ido bajando progresivamente hasta sumar una rebaja de algo más de cien euros por persona en los últimos cuatro años. Aún así, el sistema de salud consume aproximadamente un tercio del presupuesto de la Xunta. No hablamos de calderilla. Para mantener semejante estructura se necesita mucho dinero y gestores hábiles para administrarlo. Cualquier recorte supone, de un modo u otro, una merma de calidad en la atención que reciben los pacientes.

Nuestro sistema sanitario es mejorable, pero pese a los fallos sigue siendo bueno. En los últimos tiempos han surgido voces, algunas claramente interesadas, que ya advierten de lo difícil que resultará mantenerlo en el futuro. Dicen que tendremos que pagar más o pedir menos. Lo primero, tal y como está el panorama, no parece muy viable. Lo segundo es, sencillamente, inaceptable. No se puede regatear con la salud. Harían bien nuestros políticos en entregarse a la resolución de semejante disyuntiva. Hacer más, con mucho menos. La cuadratura del círculo.