Los constructores afectados por el parón urbanístico que sufrió la localidad barreirense se reúnen este mediodía, en sus oficinas del polígono industrial de la localidad, para analizar qué medidas emprenderán tras la sentencia por la que el Tribunal Supremo invalida las normas urbanísticas impuesta por el bipartito autonómico en el concello entre 2006 y 2007. Los afectados afrontan el encuentro con la intención de coordinar conjuntamente el problema aunque, dadas las particularidades de cada caso, cada demanda irá por separado. Se enfrentan además al problema de que hoy en día los tribunales no indemnizan con grandes sumas, como pasaba hace años, ya que son conscientes de la merma de las arcas públicas.
De hecho, algo similar le ocurrió a Ramón Álvarez-Cascos cuando reclamó por la paralización que ordenó el bipartito en 2007 de su proyectada piscifactoría en Rinlo, al entender que se ubicaba en un terreno medioambientalmente protegido. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó, en 2012, a la Xunta a pagar más de 689.000 euros por detener un proyecto que contaba con un permiso autonómico anterior. Actualmente, Cascos aguarda la sentencia del Tribunal Supremo al respecto, ya que recurrió al entender que tuvo pérdidas por una cuantía mayor, al menos por unos dos millones de euros. Algunos letrados consultados y el empresario aludido son conscientes de que «las indemnizaciones son inferiores a las de años atrás, porque los jueces son conscientes de la crisis que sufre la Administración».
