La crisis que apretó y ahogó a muchos ciudadanos durante los últimos años comienza a dar un respiro en Lugo, al menos en lo que se refiere a su repercusión en los juzgados de lo Social, a los que llegan cada vez menos despidos. Según los datos que maneja el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el año pasado se redujo el número de trabajadores que resolvió el fin de su contrato laboral en el juzgado, pasando de 632, en 2015, a 495 durante el pasado ejercicio.
Según reflejan las estadísticas, un total de 234 trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa y las partes ya no tuvieron que limar asperezas en un juicio. Es decir, el 52% de los casos acabaron en conciliación. Y cuando el acuerdo no fue posible y la decisión recayó en el juez, la sentencia fue favorable al empresario únicamente en un 13% de los casos. En el 87% restante, la Justicia le dio la razón la trabajador, bien en su totalidad o bien en parte.
Otros casos, aunque muy pocos, se cerraron por desistimiento (cuando la parte que promovió la demanda desiste del conflicto) y también hubo un porcentaje muy pequeño que finalizó por causas diferentes a las expuestas, fundamentalmente porque el caso se acumuló a otro asunto, por inhibición del juzgado o porque se archivó.
CANTIDADES. Los cerca de 500 lucenses que acabaron en el juzgado el año pasado tras perder su puesto de trabajo cobraron en total más de seis millones de euros, concretamente 6.392.133. Esta cifra fija la cuantía media de cada trabajador en 12.913 euros.
La cuantía media que cobró cada trabajador por despido fue de 14.492 euros, cuando hubo conciliación, y 11.151 cuando se celebró el juicio
De los más de seis millones que se discutieron en sede judicial, 3,7 millones se fijaron por conciliación entre el trabajador y la empresa. El resto, 2,6 millones, se recogieron en sentencia. Así, la cuantía media por trabajador cuando hubo acuerdo fue de 14.492 euros, una cantidad superior a la que cobraron los demandantes que fueron a juicio y tuvieron una sentencia favorable: 11.151 euros.
COLAPSO. El descenso de la conflictividad laboral en Lugo no ha servido de momento para agilizar los juzgados de lo Social, que según denunciaron en multitud de ocasiones los sindicatos, "caminan hacia el colapso total".
Las demandas por despido se tramitan relativamente rápido y los trabajadores que pasan a engrosar las listas del paro y no están de acuerdo con las condiciones de su cese laboral ven resuelto su caso en unos meses.
Sin embargo, los lucenses que quieran reclamar a una empresa una cantidad impagada o demandar a la Seguridad Social por asuntos relativos a cotización, afiliación, prestaciones, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, entre otras materias, tienen que esperar largo y tendido para que se resuelvan sus demandas, ya que los juzgados de lo Social de Lugo ya están señalando juicios para dentro de tres años, en 2020.
Según denuncian los sindicatos de Justicia, el "bloqueo" de las tres salas de lo Social de la provincia está afectando de manera muy grave a miles de ciudadanos lucenses, por lo que exigen medidas urgentes.
Hace cinco meses, el pasado mayo, se nombró una jueza de refuerzo, pero no se le dotó de personal de apoyo, por lo que la eficacia de la medida es muy limitada. Según explicaron desde la Consellería de Xustiza, no pueden destinar más funcionarios mientras el Estado no nombre un secretario judicial –ahora denominados letrados de la Administración de Justicia– para la jueza de refuerzo.
Ante esta limitación, la Xunta se comprometió a autorizar el pago de horas extra a los funcionarios que trabajan actualmente en los tres juzgados de lo Social, con el objetivo de paliar un poco la situación o, al menos, evitar que empeore. Y mientras los sindicatos piden soluciones y las administraciones aseguran que las están buscando, los afectados se desesperan.
