La Confederación Hidrográfica, promotora de la obra, sostiene que la depuradora es legal y que lo que cuestiona el fallo del Supremo es la justificación que se dio en su día para elegir su emplazamiento. Los vecinos afectados podrían, en tanto, ser compensados.
La sentencia establece que el hecho de que ésta sea una obra de interés general no le exime de cumplir el reglamento de actividades molestas que fija que una instalación de este tipo debe guardar una distancia mínima de 2.000 metros de los núcleos de población.
La Confederación dice que en la fase de ejecución de sentencia se tratará de justificar debidamente que se eligió esa ubicación porque Lugo precisaba una nueva depuradora y no había ningún posible emplazamiento que distase más de dos kilómetros de viviendas.
No parece probable que se vaya a echar abajo esta infraestructura, por lo que una de las vías de solución podría ser indemnizar a los afectados.
