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La CE aprueba de forma definitiva la compra del Popular por el Santander

La entidad presidida por Ana Botín se hizo con el 100% del banco por un euro simbólico el pasado 7 de junio

La Comisión Europea (CE) ha dado su aprobación definitiva a la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander, que lo adquirió por un euro el pasado 7 de junio con la resolución de la entidad, según informó este martes el Ejecutivo comunitario.

La decisión de este martes es el final del proceso de autorización por parte de la CE de la adquisición, después de que esta institución aprobase el 7 de junio el plan de resolución propuesto por la Junta Única de Resolución (JUR).

Bruselas precisó en un comunicado que la operación no plantea problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo (EEE).

En concreto, consideró que las cuotas de mercado conjuntas de los dos bancos son limitadas (inferiores al 25 %) y seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados.

La Comisión añadió que ha investigado la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales españoles y portugueses de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de gestión de deudas con descuento y de prestación de servicios de cajero automático.

El pasado 6 de junio, el Banco Central Europeo (BCE) decretó que el Banco Popular era "una entidad inviable o con probabilidad de serlo" y lo comunicó a la Junta Única de Resolución, que durante la madrugada ordenó la resolución de la entidad.

El 7 de junio, el Ejecutivo comunitario dio luz verde al plan de resolución de conformidad con el reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR).

El Santander se hizo entonces con el 100 % del Banco Popular por un euro simbólico y anunció su intención de proceder a una ampliación de capital de 7.000 millones de euros (7.891 millones de dólares) para asegurar la operación.

Si bien los titulares de cuentas y de depósitos no sufrieron merma alguna, con independencia del importe de los ahorros, los accionistas y tenedores de deuda perdieron el 100 % de la inversión, lo que abrió la puerta a numerosos procesos judiciales.

La Comisión también había otorgado el 7 de junio al Banco Santander una excepción por la que se le permitió adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera del Banco Popular a la espera de que el Ejecutivo comunitario aprobase la operación conforme a las normas europeas de competencia. 

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