La Audiencia no ve delito en las órdenes de pago de la piscina de Monterroso

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha ordenado el archivo de la causa que se seguía contra trabajadores de la Diputación por supuesta certificación irregular de obras relacionadas con la piscina de Monterroso. Los magistrados no perciben delito, por lo que deciden no continuar el procedimiento. No obstante, entienden que hubo irregularidades administrativas e incluso una posible falsedad documental, pero valoran la disposición de los implicados para solventar la negligencia.

La investigación judicial partió de un informe elaborado por el ingeniero del servicio de obras de la Diputación Provincial de Lugo, José Antonio Mondelo, quien constató que en Monterroso se habían certificado trabajos que no se habían realizado y que conllevaban pagos por 323.000 euros.

Él mismo firmó esas certificaciones por encargo de la directora de proyectos de la Diputación, Ana Belén Mera, quien no tenía titulación adecuada para rubricar el documento. No obstante, en una visita posterior a las obras, Mondelo constató que no se habían realizado e informó de la irregularidad a la Diputación, quien envió el asunto a Fiscalía.

La causa fue tramitada por el juzgado de instrucción 1 de Lugo, quien investigó el proceder de Mera y Mondelo, pero también del entonces secretario de la Diputación, José Mourelle Cillero, y de Javier Cerqueiro, jefe de gabinete del presidente José Ramón Gómez Besteiro, para averiguar quién había ordenado firmar las certificaciones.

El juzgado consideró pertinente abrir diligencias "por si los hechos imputados fueren constitutivos de delito". Tras estudiarlos, la sección segunda de la Audiencia entiende que la cuestión no tiene acomodo en ámbito penal.

Apunta que "parece desprenderse que sería una falsedad en documento oficial, pero es difícil concluir la existencia de un delito". Consideran probado que "se confeccionaron diferentes certificaciones de obra con ocasión de la construcción de una piscina y un polideportivo en Monterroso, y que se certificaron excesos de obra que se pusieron de manifiesto tras una visita de inspección realizada por José Antonio Mondelo".

Valoran que el citado ingeniero pusiese "este hecho en conocimiento de la Diputación en cuanto se evidenció el error" y que se iniciase un expediente administrativo para su subsanación.

La Audiencia entiende que los hechos "resultan inocuos penalmente" porque "se actuó como debió hacerse en su momento" y se intentó solventar la irregularidad mediante un procedimiento administrativo. En este sentido, dice que "procedería iniciar un procedimiento sancionador contra quien correspondiese por negligencia o mal funcionamiento".

Los magistrados inciden en que "de lo actuado no se deriva el ánimo falsario que exige el tipo penal", pues requeriría "conciencia y voluntad de transmutar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es". Y concluyen que "no puede criminalizarse cualquier divergencia entre lo certificado y la realidad" porque se tomaron medidas para corregir la situación.