La Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, han bloqueado temporalmente el desarrollo del real decreto que incentiva la quema de carbón nacional en las centrales eléctricas, cuya entrada en vigor estaba pendiente precisamente del desarrollo de aspectos normativos .
Las decisiones adoptadas por los citados organismos jurídicos y que se dieron a conocer en el transcurso de la primera reunión de la comisión de seguimiento del decreto generaron «satisfacción» en la Xunta de Galicia y provocaron cierta indiferencia en el Ministerio de Industria, desde el que aclararon que las medidas cautelarísimas solicitadas por las eléctricas no implican la paralización del real decreto, ya que sólo afectan a su reglamento de desarrollo.
El escenario de incertidumbre que parece rodear ahora la aplicación de esta normativa responde a que el Tribunal de la UE entiende que sería aconsejable que se retrase la entrada en vigor del decreto del carbón mientras se resuelve el recurso interpuesto por las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizarlo.
A esta pretensión se suma además la decisión de la Audiencia Nacional de conceder parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por una de las compañías en relación a la obligación de presentar en tres días una carta de compromiso de compra de carbón autóctono ante la Comisión Nacional de la Energía. Así, la Audiencia ha paralizado uno de los desarrollos reglamentarios del decreto ya publicado en el BOE a la espera de la celebración el próximo miércoles de una vista en la que decidirá la aplicación o la inhabilitación de la norma.
Las medidas cautelares que analizará la Audiencia responden a una resolución publicada el martes por el Ministerio de Industria con detalles técnicos para la aplicación del decreto, entre los que figuraba el precio al que se pagará el megavatio hora a las nueve centrales que quemen carbón nacional, cuya tarifa estaría situada en una media de 71,63 euros.
Reacciones
La suspensión cautelar del desarrollo del decreto del carbón ha suscitado una reacción de alegría en los trabajadores de las centrales de As Pontes y Meirama, en las que se quema hulla de importación, y en el propio conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, quien se refirió a las medidas adoptadas por el Tribunal de la UE y la Audiencia Nacional como «moi boas noticias para Galicia, para as bisbarras de As Pontes e de Cerceda e para os traballadores que dependen das súas centrais térmicas».
Guerra entiende además que las objeciones ahora planteadas por estas instancias jurídicas «reforzan a postura da Xunta de Galicia, que sempre mantivo que o citado decreto ten graves consecuencias para Galicia, que sae perxudicada coa aplicación dunha normativa que imos traballar para paralizala».
Una versión diferente a la del conselleiro de Economía e Industria es la que defiende el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, quien entiende que «la paralización del decreto ocasionaría perjuicios gravísimos para las cuencas mineras asturianas».
Álvarez Areces sostiene además que las ayudas al carbón han sido aprobadas tanto por la Comisión Europea como por España y atribuye este proceso judicial a un contrataque promovido por el sector eléctrico.
