La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) tiene pendientes de ejecutar 96 órdenes de demolición de construcciones ilegales en 31 concellos de la provincia. Según datos facilitados por este organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Lugo es el municipio más afectado, con 20 casos -en su zona rural-, y después figuran Vilalba, con siete; Chantada y Outeiro de Rei, con seis, y Guitiriz, Quiroga y Sarria, con cinco.
Los expedientes sobre los que pesan las órdenes de derribo se refieren sobre todo a viviendas, naves, almacenes y algunas obras menores como muros, construidos sin licencia municipal ni autorización autonómica en áreas que le competen a la Aplu. El ente actúa ante usos prohibidos en suelo rústico y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
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«Puede haber aún algún concello permisivo, pero cada vez menos»
La directora de la Aplu, María Martínez Allegue, ve más sensibilización en el ámbito urbanístico y resalta que ahora hay más reparaciones voluntarias de los ilícitostexto en byN
Aunque año tras año se siguen abriendo expedientes por infracciones urbanísticas por todo el territorio gallego, la percepción de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística es que cada vez la sociedad está más concienciada de la importancia de hacer bien las cosas en ese campo.
Así lo resalta la directora de la Aplu, María Martínez Allegue, quien reconoce que aún hay muchos expedientes abiertos, pero matiza que muchos casos son «del pasado».
