La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) derribó durante el pasado año un total de 14 edificaciones en la provincia de Lugo e impuso 74 sanciones por diferentes infracciones urbanísticas.
A nivel autonómico, este organismo ejecutó un total de 154 demoliciones, la mayor cifra desde 2010. El comportamiento por provincias ha sido, sin embargo, muy desigual sobre todo si se compara con los datos de 2014, en el que se llevaron a cabo 129 derribos. Mientras que en A Coruña y Ourense se produjeron en estas dos últimas anualidades el mismo número de demoliciones, con 53 y 6, respectivamente, en el caso de Lugo este tipo de actuaciones descendieron de las 16 de 2014 a las 14 de 2015. Por el contrario, en Pontevedra el número de derribos subió de los 50 de 2014 hasta los los 81 del pasado año.
En cuanto al número de sanciones impuestas, los datos de la Aplu confirman una tendencia a la baja, ya que a nivel autonómico se ha pasado de las 586 sanciones de 2013, a las 550 de 2014 y a las 520 del pasado ejercicio. Según el director de la Axencia, José Antonio Cerdeira, este descenso es resultado "da maior concienciación cidadá a hora de restituir os valores do noso territorio e da nosa paisaxe".
Los expedientes no siempre se resuelven con derribos, hay casos que se archivan y construcciones que se pueden legalizar
A este mayor respecto por la protección del territorio se debe también el hecho de que el 90% de las restituciones se hayan llevado a cabo de forma voluntaria. Para los casos en lo que esto no es así, Cerdeira recuerda que el infractor se puede ver sometido a la imposición de multas coercitivas.
Por provincias, Pontevedra no solo es la que acumula un mayor número de este tipo de sanciones, 277, sino que además es la única que sube con relación a 2014, en el que se impusieron 245. Lugo sumó en 2015 un total de 74 mulas, frente a las 82 del ejercicio anterior y, de ellas, 12 se produjeron en municipios costeros. Por su parte, en A Coruña se contabilizaron el pasado año un total de 128 sanciones, de las que 27 tenían que ver con la protección de costas, mientras que en Ourense se formalizaron un total de 41.
En su misión por velar por una utilización racional del suelo, conforme a la normativa reguladora del urbanismo, la Aplu ha intensificado su actividad durante los últimos años. A nivel autonómico resolvió un total de 367 expedientes en 2015, frente a los 302 de 2014 y los 243 de 2013. Esta actividad se refleja también en la provincia de Lugo, en donde el pasado año se cerraron 67 expedientes, frente a los 51 de 2014.
Desde la Aplu se recuerda, en cualquier caso, que estos expedientes no siempre se resuelven con la demolición de la edificación, ya que hay casos que se archivan al no haber infracción y, en otros, las construcciones pueden ser legalizadas.
La mayoría de las construcciones ilegales que se llegan a derribar son, en cualquier caso, naves, alpendres, casetas prefabricadas, cierres o viviendas que están situados en terreno rústico o en zona de protección de costa y que se construyeron sin licencia municipal o autonómica. Este es el caso, por ejemplo, de sendas casetas prefabricadas que se tiraron en Foz y Viveiro a principios del pasado año o de otra de Ribadeo, que se derribó el pasado mayo.
En Galicia hay 62 concellos asociados a la Aplu. 22 de ellos están en A Coruña, 20 en Ourense, 11 en Pontevedra y 9 en Lugo
Aunque la Aplu solo facilita datos semestrales de sus actuaciones, en marzo de este año también derribó otra construcción prefabricada en Viveiro, al tiempo que tuvo otra actuación en una vivienda situada en el ayuntamiento de Lugo.
DENUNCIAS. La mayor parte de los expedientes abiertos para la reposición de la legalidad urbanística parten de la propia Aplu, que abre un 41% de los casos. Sin embargo, desde el ente autonómico se destaca la cada vez mayor participación de los concellos a la hora de denunciar irregularidades urbanísticas, ya que de ellos parten el inicio del 23% de los expedientes. Los particulares con el 22% y Costas con el 10% son los otros dos bloques que más denuncian.
Además, gracias a su carácter consorcial, los ayuntamientos pueden adherirse de forma voluntaria a la Aplu, cediéndole así sus competencias en materia urbanística. En Galicia hay 62 ayuntamientos asociados -22 en A Coruña, 20 en Ourense, 11 en Pontevedra y 9 en Lugo (Becerreá, Begonte, Castroverde, Lourenzá, O Saviñao, Pantón, Ribeira de Piquín, Trabada y O Valadouro)-, aunque según recuerda José Antonio Cerdeira, el ente puede intervenir "en todos os concellos de Galicia", al ser competente "en materia de solo rústico e na servidumbre de protección do litoral".
