Los trabajos de demolición de una vivienda construida hace 15 años, a 150 metros de la playa de Lóngara, en Barreiros, empezaron este miércoles con la presencia de agentes de la Policía Nacional, de la Autonómica y funcionarios de la Xunta, principalmente de la Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística (Aplu). El inmueble pertenece a un palista de Navia actualmente desempleado. Muy pocos vecinos se acercaron a apoyarle, pese a que el alcalde, Alfonso Fuente, reconoce que «en Reinante constan más expedientes abiertos por la Aplu, por casas que pueden ser también demolidas al carecer de la licencia ».
La pequeña vivienda, ubicada en una finca de 400 metros en la que Santiago López lleva 200.000 euros invertidos, se construyó sobre suelo rústico. «Igual que otras muchas que están al lado, en las que incluso ahora hacen obras», constata, indignado. El regidor confirma que esa calificación pesa sobre todo el litoral de Lóngara, excepto sobre «quien tiene la licencia anterior al año 2002».
«Hubo muchos propietarios que gracias a la ley del suelo de Galicia de 2010 se acogieron a una especie de amnistía que la Xunta concedió para aquellas viviendas que podían probar su existencia antes de 2003», aclara el munícipe. «Tenían que presentar un proyecto de legalización y el Concello les otorgaba la licencia, previo informe favorable de Urbanismo» y añade que «algunos propietarios no pudieron probarlo, porque no habían construido antes de esa fecha. Muchas de esas casas están en Reinante, hacia Arealonga y detrás del restaurante la Yenka».
El alcalde lamenta lo sucedido pero considera que «al menos, hasta ahora, ninguno de los inmuebles derribados era primera vivienda; no ha habido desahucios forzosos por este motivo. Todas son segundas residencias». Las últimas demoliciones en la zona datan de 2013, con el derribo de dos chalés ubicados en Benquerencia. «Es un problema general en las zonas de costa, no solo en la localidad barreirense», apostilla.
El afectado por el derribo reconoce quem desde hace años, le llegaba cada mes una multa coercitiva que iba recurriendo. «Se acumularon unos 6.000 euros en sanciones que no pagué porque al divorciarme hace ocho años, la casa seguía estando a nombre de mi esposa. Aún así, me embargaron una devolución de la declaración de la renta», matiza.
nervios. «Es un drama. Es verdad que vivo en Navia, pero invertí mucho en esta propiedad a lo largo de mi vida», reconoce Santiago López, con nerviosismo, al ver entrar a los obreros y las palas en su vivienda de Barreiros. Hace un mes que le llegó la notificación de que la Xunta iba a demolerla. Tenía 15 días para presentar un recurso. «El día 2 lo admitieron a trámite y esa alegación fue a la Audiencia de A Coruña. Pero ni siquiera han esperado, así que creo que se están saltando un procedimiento legal que me ampara. Te pisan como si no fueras nada».
Cuando compró el terreno, le pidió permiso a Costas para «hacer el cierre. Me lo dieron. También la autorización municipal para tener agua y luz, pero meses después, un vigilante de Costas llegó para tomar los datos y luego comenzaron a llegar las denuncias».
Su exesposa, que consta como propietaria del inmueble, nunca fue notificada, mientras que él recibió 50 comunicaciones y le embargaron como usufructuario. «Si tan propietario me consideran, ¿por qué no embargaron la casa?», inquiere este hombre, padre de tres hijos. «Hasta me ofrecí a hacer la demolición, pero no lo aceptaron», añade.
