La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística anunció este viernes el inicio del expediente de expulsión del Ayuntamiento de Becerreá, como municipio adherido a dicha Agencia, por entorpecer su labor. El motivo es que el ente municipal cometió un “incumplimiento grave de los compromisos” asumidos cuando firmó su entrada en la Aplu, así como “de los deberes establecidos en los estatutos de la agencia”.
El motivo de la decisión es la polémica por la demolición de una vivienda unifamiliar en Lamas, que quiso llevar adelante la Aplu y que los vecinos frenaron. La agencia recordó este viernes que la autoridad “municipal no sólo no colaboró con las labores de la agencia, sino que los entorpeció, puesto que es manifiesto que el alcalde de Becerreá llevó a cabo una actitud activa para impedir la demolición”.
Esas obras fueron declaradas “ilegalizables” en junio de 2001, “por estar ejecutadas en suelo rústico no urbanizable de protección paisajística, por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico vigente y se ordena su demolición”. La agencia recuerda que el Ayuntamiento “dispuso de doce años para solucionar el problema”, pero “no actuó con la agilidad debida al no aprobar en todo este tiempo el Plan General de Ordenación Municipal”.
