El enfrentamiento que mantiene desde hace casi un año la alcaldesa de Sarria con el oficial de la Policía Local acaba de entrar en una segunda fase tras un primer round que se saldó a favor del agente al archivar el juzgado la denuncia que la regidora le presentó por una supuesta desobediencia a una orden suya. Ahora, el caballo de batalla es la situación de baja laboral en la que se encuentra el policía desde hace varios meses, que Pilar López pretende controlar mediante la contratación de un médico para su evaluación.
El policía forma parte del grupo de doce funcionarios del Concello de Sarria que, desde el año 1993, tiene un seguro privado, a los cuales el gobierno intentó integrar en el régimen de la Seguridad Social mediante una propuesta llevada a pleno, que se encontró con el rechazo de la oposición.
Las discrepancias entre la regidora y el oficial de la Policía vienen ya de marzo del pasado año, cuando Pilar López acudió al juzgado para presentar una denuncia penal contra el agente, al que acusó de desobedecer una orden por decirle que no había precintos para la clausura de una carpintería.
La querella, que aludía también a supuestas faltas de respeto y amenazas, acabó archivada por el juzgado al no apreciar delito.
A raíz de aquel sobreseimiento fue el policía quien inició medidas legales contra la regidora socialista, a la que acusa de actuar con «ánimo de vilipendiar». El primer paso fue llamarla a una conciliación para instarla a retractarse de sus declaraciones con la advertencia de que, de lo contrario, emprenderá acciones penales por supuestos delitos de injurias, calumnias y falso testimonio.
Este acto de conciliación, al que también estaban llamados dos policías y dos periodistas, no pudo celebrarse el día fijado en el juzgado por la imposibilidad de citar a uno de los agentes de la plantilla de la Policía Local de Sarria, que lleva un tiempo en el extranjero.
Al margen del conflicto judicial, que continúa su tramitación, el gobierno inició un procedimiento con el fin de integrar a los doce funcionarios más antiguos en el régimen de la Seguridad Social y contratar una póliza de Adeslas para toda la plantilla. Curiosamente entre esas doce personas se encuentra el oficial de la Policía que, junto al resto de afectados, presentó en diciembre un escrito en el Concello reclamando que se le mantenga el mismo régimen de prestación sanitaria que tiene desde 1993 a través de Adeslas y, por tanto, que no se le integre en la Seguridad Social.
El agente forma parte del grupo de doce funcionarios más antiguos a los cuales el gobierno intentó asimilar a la Seguridad Social
La oposición avaló la petición de estos trabajadores y votó en contra de la propuesta del gobierno, tras lo cual la alcaldesa envió una carta a los funcionarios en la que, además de culpar a los demás partidos, les dice que, dentro de las pólizas de Adeslas, había unos 20 beneficiarios «que estaban irregulares» y anuncia una investigación para depurar responsabilidades.
En el caso del oficial de la Policía, el Concello procedió a dar de baja de oficio a los beneficiarios de su póliza con efectos del pasado día 1 de enero. La resolución le fue comunicada a través del Boletín Oficial del Estado porque, según alcaldía, fue imposible entregarle en su domicilio de Sarria un requerimiento del 28 de noviembre en el que se le pedía documentación justificativa de los beneficiarios incluidos en la póliza.
El conflicto no acaba ahí porque, según se acaba de conocer, el Concello también decidió contratar un médico para evaluar la situación de baja de este y otro trabajador que se encuentran próximos a cumplir un año.
Mientras se dirimen estas situaciones todavía está pendiente de debate en el pleno una moción del PP para que el Ayuntamiento, manteniendo la póliza de los doce trabajadores antiguos, contrate un seguro privado para el resto.
El asunto se introdujo por urgencia en el último pleno pero no obtuvo los votos suficientes para su debate por lo que quedó aplazado para la siguiente sesión. Esta se celebrará el 26 y, en el orden del día, no figura incluida la moción, por lo que sus promotores pedirán explicaciones al gobierno.
