La alcaldesa de Sarria, Pilar López, ha abierto un nuevo frente polémico con los procesos de contratación de personal. A los casos de la letrada María Novo y la plaza de tesorería que descartó el pleno, se suma ahora la creación de un nuevo puesto de gestor de recursos humanos, el cual ya ha motivado una primera reacción, en esta ocasión por parte del PP, pidiendo su anulación por considerar que es "totalmente ilegal".
La convocatoria para cubrir esta nueva plaza, que todavía no salió publicada en el BOP, fue aprobada por decreto de la alcaldía el día 16. Se trata de un puesto de técnico de gestión de la Administración general adscrito a secretaría, con carácter interino por un período de tres años, cuya labor consistirá, según las bases, en poner en marcha un programa temporal de "mellora na xestión dos recursos humanos" en el Concello y la residencia de mayores de Sarria.
El PP anunció este martes que pedirá la anulación de este proceso y que estudia emprender acciones legales "contra esta decisión oscurantista do goberno" cuya legalidad pone en duda. Según su versión, esta plaza le costará a las arcas municipales alrededor de 50.000 euros al año para los cuales no existe dotación presupuestaria dado que el Concello trabaja con los presupuestos prorrogados de 2015.
Los populares argumentan también que este puesto no existe en la plantilla del Ayuntamiento y creen que no es ni "prioritario nin urxente", como sostiene el gobierno porque, dicen, la elaboración de una relación de puestos de trabajo iba a ser realizada por los servicios de la Diputación.
"Ten Sarria abandonada mentres o único que propón é crear prazas novas e contratar amigos con cargo aos cartos de todos os veciños", critica el partido de la oposición, el cual también pone en duda los requisitos "vagos e inconsistentes" que se piden para poder optar a este puesto.
La polémica por esta plaza es la tercera controversia por temas de personal en menos de un mes. Las otras dos tuvieron su momento álgido en el pleno del 26 de mayo, en el cual la oposición fue crítica con la regidora por contratar a la letrada María Novo para llevar la defensa del Concello en temas de urbanismo. Al día siguiente, la exasesora de Orozco renunció para evitar que se cuestionase su nombramiento y se usase "de modo político y torticero", afirmó.
En ese mismo pleno, el gobierno sometió a votación la creación de una plaza de tesorería asegurando que así lo exige la ley, pero no prosperó al oponerse PP y CxG, que cifraron en 60.000 euros el coste anual para el Concello.
