El pasado mes de marzo, el TSXG confirmó la expulsión de una mujer de nacionalidad colombiana que "simuló un trabajo" en Lugo para obtener el permiso de residencia. La joven presentó un contrato como empleada del hogar y consiguió la autorización para residir en España, que estuvo en vigor desde febrero de 2012 hasta enero de 2016.
Sin embargo, la Inspección de Trabajo pudo confirmar que se trataba de un empleo "simulado", por lo que le revocaron el alta en la Seguridad Social. De este modo, desapareció uno de los requisitos necesarios para obtener la autorización de residencia temporal y la subdelegación ordenó su expulsión en diciembre de 2016.
La afectada llevó el caso a los tribunales, pero los magistrados concluyen que quedó suficientemente probada "la falsedad de la relación laboral mantenida por la recurrente", por lo que desestimaron su recurso.
"La autorización de residencia temporal se extinguirá cuando se compruebe la inexactitud grave de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada por el titular para obtener dicha autorización de residencia, o cuando desaparezcan las circunstancias que sirvieron para su concesión", recuerda la Sala.
Un marroquí apuñaló a otro y alegó "buen comportamiento social" para no ser deportado
La subdelegación del Gobierno en Lugo ordenó en mayo de 2016 la expulsión de un marroquí que fue condenado por apuñalar a otro en un costado para robarle. El joven —que acabó en prisión por robo con violencia y lesiones— recurrió la expulsión en el juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo alegando "buen comportamiento social" y el juez le dio la razón. "La condena por estos delitos no es suficiente para entender que existe un evidente riesgo para el orden público y de peligrosidad, máxime cuando existen informes sociales favorables de su comportamiento de la asociación Aliad-Ultreia que permiten vislumbrar una conducta carente de riesgo para el orden público", expuso el Contencioso.
El abogado del Estado recurrió el fallo y el TSXG revocó la sentencia al concluir todo lo contrario. El Tribunal argumenta que los informes en los que se basó dicho juzgado fueron elaborados "a los únicos efectos de poder disfrutar de permisos penitenciarios" y explica que "la gravedad de los hechos que motivaron la condena penal desmienten la presunción de buena conducta y de integración".
De este modo, estimó el recurso, anuló la sentencia del Contencioso, y ordenó la expulsión del joven.
Un okupa rumano fue considerado "un peligro para la paz" tras varias condenas por maltrato
Un ciudadano rumano fue expulsado del país tras ser detenido varias veces por ocupación ilegal de inmuebles y condenado por seis delitos de malos tratos. La subdelegación del Gobierno en Lugo acordó su expulsión y el hombre recurrió ante el Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, que le dio la razón.
Sin embargo, el abogado del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ordenó la expulsión. La sala concluye que las condenas por maltrato y los arrestos por usurpación de inmuebles "sobrepasan la simple conflictividad social y suponen la concurrencia de un comportamiento personal de claro peligro, que constituye una amenaza real, actual y clara para los intereses de la paz y la seguridad jurídica de la sociedad".
La sentencia explica además que el hombre no tenía trabajo en el país y tampoco familia, ya que sus padres y sus hijos residían en Rumanía. "Carece de domicilio conocido y no ha recibido ninguna visita en prisión desde su ingreso, lo que denota que carece de arraigo social, cultural y de integración en la sociedad española", apunta el tribunal, que confirmó su expulsión.
