Intervención del Estado ve en la gestión de las ayudas ''terminología imprecisa'' pero ''no irregularidades

Un segundo informe de la Intervención General del Estado sobre los ERE dice que las ayudas utilizaban una "terminología imprecisa y críptica" que no aclaraba quién las concedía, pero "no se evidencia la existencia de irregularidades en su contenido y tramitación".

En dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, la Intervención del Estado amplía, a petición de la juez Mercedes Alaya, su primer peritaje sobre las ayudas investigadas, centrado en lo que podría haber hecho la Cámara de Cuentas andaluza a la vista de las irregularidades que presuntamente se estaban produciendo y para "evitar la continuidad del programa 31L".

Los interventores del Estado insisten en que el informe expresa su "opinión profesional" y "no entran a valorar las múltiples, teóricas e hipotéticas posibilidades de actuación, que serían ilimitadas".

A su juicio, los expedientes de modificación presupuestaria "en ningún caso describen ni detallan, siquiera mínimamente, su objeto, su contenido, su fecha de efecto o su caducidad" sino que "utilizan una terminología imprecisa, generalista y a menudo equívoca que produce indeterminación acerca de quien pudiera ser el órgano otorgante de la subvención".

Ciertos expedientes "muestran indebidamente que es el IFA-IDEA la que realiza la concesión y pago de la subvención, lo que supuestamente le origina un aumento de gastos (inexistentes en realidad) que obligan a consignar una transferencia de financiación a su favor con la que cubrir las pérdidas (igualmente inexistentes) con ellos generadas", añade el informe.

Los interventores afirman que "dada la ambigua y contradictoria terminología, cabe concluir que del análisis de los expedientes de modificación presupuestaria no se obtiene evidencia de la existencia de irregularidades en su contenido y tramitación ni en el posterior proceso de concesión de subvenciones sociolaborales del programa 31L".

La información aportada "no ofrece por sí misma evidencia alguna de la existencia de irregularidades en la gestión del programa 31L ni en la tramitación de subvenciones sociolaborales, por más que en ocasiones mencionen determinados elementos, que, pudiendo ser en sí mismos plenamente legales, fueron utilizados ilegalmente en su proceso de concesión", dicen en sus conclusiones.

Por otra parte, los interventores del Estado recogen que, en el periodo 2000-2010, el programa 31L representó un porcentaje medio del 0,32 por ciento sobre el presupuesto de la Junta de Andalucía y constituyó uno de los 118 programas que, como media, lo integran.

Hay tres "elementos objetivos" que, de haber existido en la Cuenta General, hubieran podido poner de manifiesto la existencia de irregularidades: consolidación de cuentas, informes de seguimiento anual del IFA-IDEA y formulación de observaciones por parte de la Intervención General de la Junta.

Estos elementos "no constan en la documentación de la Cuenta General remitida por la Intervención de la Junta a la Cámara de Cuentas", según los auditores.

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