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Indulto

LA CONCESIÓN de la gracia de indulto a un penado por un delito consumado al conducir en dirección contraria por una autovía, perpetrando un homicidio con su temeridad ha generado una cierta contestación social, e incluso muestras de disconformidad de asociaciones judiciales.

El indulto, aun regulado por una vieja Ley de 18 de junio de 1870, anterior incluso a la Constitución de la Restauración, es un vestigio que aun subsiste del poder del Rey en el régimen absoluto. Su concesión está encomendada por la Constitución al Jefe del Estado, o sea, al Rey, a propuesta del Consejo de Ministros, al que llega por iniciativa del titular de la cartera de Justicia. Previamente, informan preceptiva pero no vinculantemente, el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.

Lo que hay que decir es que tiene su justificación, pues es un instrumento para dar solución a situaciones en las que los requerimientos de la Ley determinan de forma insoslayable una condena, pero la justicia material aconseja que esta no se cumpla o no se ejecute la sentencia en su totalidad. En muchos de esos supuestos los tribunales al tiempo que condenan, o e todo caso al informar la petición de indulto, muestran su criterio sobre la conveniencia de su concesión total o parcial. Son los más frecuentes, y salvo que la administración de la gracia se encomendara a los tribunales, cosa que carecería de justificación y lógica, es patente que por sí mismos justifican la permanencia de la institución.

Y es lo lógico, que el Jefe del Estado, el Rey en nuestra Constitución, en cuyo nombre se administra la Justícia, sea quien formalmente conceda la gracia de indulto.

Como el Rey no responde de sus decisiones, alguien debe refrendar su decisión, y lo hace el ministro de Justicia, y como la gracia se concede por medio de un Real Decreto, este debe acordarse por el Consejo de Ministros.

Hay casos en los que la aplicación de la Ley materializada correctamente en una decisión judicial firme, colisiona o puede colisionar con el interés general; o razones de oportunidad pueden demandar que se conceda la gracia. Esos son los más complejos, o acaso los vistos con más recelo.

Hay algo que está claro, a estas alturas el indulto no puede servir para librar de la pena a los amigos, políticos o no, ni a los amigos de los amigos, ni a los financieros delincuentes, ni a los políticos corruptos.

Es cierto que puede darse el caso de que el interés general aconseje la concesión del indulto. Incluso la oportunidad: piénsese en una condena que interfiere en las relaciones internacionales y crea una gran tensión con otro país que perjudique los intereses nacionales; en una justicia tardía en extremo, y un penado ya rehabilitado y con cargas familiares; en el caso de una condena a muchos años de privación de libertad, dándose en el condenado circunstancias tan claras de arrepentimiento, buena conducta y rehabilitación total, que la condena pierde su sentido.

En fin, motivos puede haber. Lo que tiene que explicitarse es una exigencia muy rigurosa en que la motivación de la concesión del indulto debe ser razonable para justificar la excepcionalidad que supone.

No veo más fórmula para resolver el asunto y conciliar todo, que la exigencia de una motivación exhaustiva de las causas de la concesión, que deberá ser incorporada a la resolución. El poder en su cámara secreta nunca es capaz de controlarse. Lo enseña la historia.

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