Impuesto de solidaridad

LA REFORMA FISCAL sobre las altas remuneraciones («gros salaires») era una promesa electoral de François Hollande en Francia. La tramitación estuvo cargada de polémica y acabó en el Constitucional, que rechazó una primera versión de las medidas del Gobierno. La oposición habló de decisiones de un «gobierno amateur». El Consejo Constitucional dio ayer, domingo, finalmente luz verde, aunque después de reformar o rechazar 24 medidas. Quedan validadas también las medidas de política familiar. La polémica estuvo y está en la imposición de una tasa de solidaridad del 75% a las empresas que paguen al año remuneraciones personales por encima del millón de euros. Los ministros de Economía y Presupuestos hablan conjuntamente, y cuantifican las ventajas que representa para reducir el déficit público. ¿Va a ser un obstáculo para el crecimiento de la economía francesa? Por esa vía acusan y descalifican algunos la medida. ¿Es una radical socialización de las grandes fortunas? Aquellos anuncios de huidas que incluían renuncia de nacionalidad así lo entendieron ¿Es un gesto político desesperado en busca de simpatías en un electorado desencantado con un Hollande en caída libre de popularidad como nunca se había visto? Cuando, como consecuencia de la crisis, unos ciudadanos franceses se hunden con rapidez en la miseria es difícil encontrar argumentos para legitimar que unos pocos dispongan de salarios anuales por encima del millón de euros. Patrimonio y remuneración han de verse por separado. Habrá que admitir que es difícil entender una fiscalidad que castigue los ingresos medios y bajos y mantenga vías libres de presión para formatos especiales para grandes fortunas. El tiempo dirá si fue una medida errónea de políticos inexpertos y amateurs, de confiscación, o una tasa temporal de solidaridad frente a la crisis.

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