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Griñán quiere exportar su modelo de expropiación inmobiliaria pero no encuentra seguidores

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha invitado hoy al Gobierno central a que aplique en toda España el decreto aprobado por la Junta para evitar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social, que prevé la expropiación temporal del uso de la vivienda. Sin embargo, no encuentra grandes seguidores entre el resto de gobiernos autonómicos a excepción de Canarias, el primero en posicionarse a favor de las medidas y que aseguró que las ''estudiaría''.

"Desde el convencimiento de que esta medida es plenamente legal y constitucional, invito al Gobierno de España a aplicarla en el conjunto de las comunidades autónomas, para que no sean solamente los andaluces, sino todos los españoles, los que cuenten con esa protección adicional sobre su derecho a la vivienda", ha escrito hoy Griñán en su blog.

El presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que, tras cinco años de crisis, existen "situaciones de desigualdad, de exclusión social e incluso pobreza" y que "son muchas" las familias que han perdido parte o todos sus ingresos y se encuentran "en grave dificultad para poder afrontar sus deudas hipotecarias, lo cual les pone en riesgo de perder su vivienda".

Griñán ha resaltado "la paradoja" de que en Andalucía existan "miles" de familias que no pueden acceder a una vivienda "y que al mismo tiempo hay miles de viviendas vacías", situación que, en su opinión, "hiere cualquier sensibilidad" y ha movido al Gobierno andaluz "a tomar decisiones".

El Decreto Ley de Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, según ha recordado Griñán, no sólo pretende paralizar los desalojos "expropiando el uso de las viviendas en atención a su función social" sino que también facilita "que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler, con incentivos a particulares y con sanciones a bancos e inmobiliarias que dejen sus pisos sin ocupar más allá de un determinado plazo".

Si el Gobierno de Canarias, liderado por Paulino Rivero, adelantaba un día después de concocerse la medida que ''estudiaría'' su ejecución, el resto de comunidades no parecen muy por la labor de secundar este plan antidesahucios.

Carles Sala, presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, ha asegurado hoy que su comunidad no embargará a los bancos vivienda procedentes de los desahucios, como ya ha decidido el gobierno andaluz.

Sala, en declaraciones a Cataluña Radio recogidas por EFE, ha dicho que la Agencia de la Vivienda catalana ha tomado esta decisión a pesar de cierto "abuso de posición" por parte de los bancos y de cierta imprudencia por parte de la ciudadanía.

Carles Sala ha remarcado que la decisión del gobierno andaluz "es una medida populista", porque crea unas esperanzas que luego se pueden ver "frustradas".

Por su parte, el Gobierno socialista del Principado de Asturias descartó, de igual modo, seguir los pasos de Andalucía y de su decreto-ley para expropiar temporalmente a los bancos los pisos de familias afectadas por desahucios y ha decidido apostar por la negociación con las entidades bancarias para que "ningún asturiano se quede sin techo".

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado hoy en rueda de prensa que su departamento mantiene contactos desde hace tiempo con diversas entidades financieras asentadas en la región para conseguir una bolsa de viviendas desocupadas que puedan ser utilizadas con un alquiler social. "Los bancos son conscientes del problema y quieren colaborar con el Principado en la búsqueda de una solución", ha señalado la titular de Vivienda, quien ha incidido en que se trata de una vía distinta a la seguida por Andalucía, pero que persigue el mismo fin.

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