Gesrenta, accionista de Pescanova, solicita a la AN una fianza de casi un millón de euros para De Sousa y Paz Andrade

Gesrenta, accionista de Pescanova, ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una fianza solidaria al presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, y al consejero Alfonso Paz Andradre de 927.317 euros, y que se les amplíe la imputación por presuntos delitos de fraude de inversores y estafa.

Así lo ha indicado Gesrenta en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que detalla que esta petición se produce después de conocerse algunas conclusiones del informe forense de la auditora KPMG. Pide que, de no presentar la fianza solidaria reclamada, se les embarguen bienes hasta completar la cuantía.

Gesrenta, cuya querella es una de las cuatro admitidas en la Audiencia Nacional por el caso Pescanova, asegura que la pérdida patrimonial de Pescanova, según se desprende de este informe, "no es el fruto de los avatares del mercado, sino de presuntos hechos delictivos".

Así recuerda que, según KPMG, durante los últimos ejercicios se han diseñado y ejecutado prácticas contables cuyo objetivo era presentar una deuda financiera del Grupo inferior a la real y, consecuentemente, una cifra de resultados superior a los realmente generados.

Ha apuntado que para la obtención de financiación, Pescanova ha llevado a la práctica determinadas operaciones como la formalización de créditos documentarios sin que existieran transacciones reales con mercancía, utilización de estructuras societarias instrumentales para generar financiación bancaria y resultados ficticios o líneas de factoring dispuestas sin sustancia económica, entre otras. Operaciones que pueden ser consideradas como irregulares desde un punto de vista contable y financiero, según la auditora.

Ha recordado que, según la administración concursal Deloitte, la deuda financiera neta del Grupo Pescanova al 31 de diciembre de 2012 asciende a 3.281 millones, y que el patrimonio neto resulta negativo por un importe de 927 millones.

Resalta que, según KPMG, los hechos, operativas y prácticas desarrolladas por el Grupo Pescanova no fueron fortuitas, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente que se han venido realizando durante varios años por parte de la Dirección de Pescanova.

En esta línea subraya que para KPMG existen indicios fundados de que determinadas personas de la cúpula directiva de Pescanova han instruido, ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida, dichas prácticas.

Gesrenta asegura que la "innecesaria e incomprensible lentitud en acordar la medida de prestación de fianza, lo único que puede conllevar es que cuando se acuerde ya sea tarde" y que los querellantes se encuentren con que estos imputados se han declarado insolventes.

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